El Estado mexicano incumple sus obligaciones internacionales al no garantizar el derecho humano al agua para todos sus ciudadanos, expuso Rodrigo Gutiérrez Rivas, titular de la Unidad de Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.

Señalo que de acuerdo con la observación general número 15 del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales –organismo encargado de ejecutar los ordenamientos del Pacto Internacional de Naciones Unidas en la materia–, los estados deben garantizar el derecho de todos sus habitantes, sin excepción, a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico. México no ha cumplido con ese lineamiento aun cuando está obligado a hacerlo, subrayó.

Durante el foro Análisis de las iniciativas de ley de agua: hacia una ley para la sociedad y la naturaleza, organizado por el IIJ, el investigador lamentó que la actual Ley de Aguas Nacionales no reconozca el derecho humano a ese recurso en los términos internacionales y, por el contrario, le dé un valor mercantilista, al grado de que en el país las familias más pobres tienen que gastar entre 35 y 50 por ciento de sus ingresos para hacerse de ella. Este recurso natural debe tratarse como un bien social y cultural, no como un bien económico.

Resaltó que en febrero de 2012 se constitucionalizó el derecho humano al agua en el país, cuando se modificó el artículo 4 de la Carta Magna. Aunque acotó que dicho lineamiento no se puede leer de manera aislada, ya que con las reformas constitucionales de 2011 en materia de derechos humanos todas las normas referentes a dichas garantías deben interpretarse de conformidad con los tratados suscritos en la materia, entre los que se encuentra el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Pese a ello, en la legislación nacional aún se mantienen las reformas de 1992 en torno al recurso natural, cuando se le consideró como un bien económico. Esta conceptualización, dijo, no se transformó en la llamada ley Korenfeld –promovida en 2015 por la Comisión Nacional del Agua, y que fue desechada por el Congreso de la Unión–, sino que en todo el texto se daba una dimensión económica al recurso.

Gutiérrez Rivas llamó a estar pendientes de las iniciativas oficiales para reformar la Ley de Aguas Nacionales, ya que “es muy probable que los próximos proyectos vayan en esos parámetros (…) El imaginario de las autoridades es similar a lo que estaba en la iniciativa (Korenfeld)”.

Otro de los choques con el derecho humano al agua es que mientras las normas internacionales asientan que no deben darse cortes arbitrarios, aún si no se paga, en la legislación nacional si están contemplados.

El especialista aseveró que la iniciativa ciudadana en la materia –hecha con las voces de especialistas, organizaciones y ciudadanos, y que ya está en el Congreso para su análisis– se apega a la norma internacional, al grado de que ciudadaniza y democratiza la gestión del agua.

Por su parte, Mylai Burgos, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, indicó que si bien la llamada ley Korenfeld fue desechada por el Congreso, aún existen intereses privatistas, por lo que se debe estar atentos ante la próxima iniciativa oficial para regular el agua.

A excepción de la iniciativa ciudadana, en otras propuestas sobre ley de aguas que se han presentado no se garantiza este recurso para los pueblos indígenas. Desde su perspectiva, no sólo se deben proteger los recursos (entre ellos el líquido) de esas comunidades, sino reconocerlos como sujetos de derecho para que participen y decidan en torno a la normativa que regirá ese recurso natural.

Raúl García Barrios, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, señaló que las leyes deben crear espacios de cooperación, que es en lo que se basa la iniciativa ciudadana en torno al agua.