Representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de organismos empresariales y sociales, funcionarios, contralores estatales, así como académicos y especialistas, demandaron al Senado que se apruebe la veintena de leyes secundarias que permitirán echar a andar el Sistema Nacional Anticorrupción establecido en la Carta Magna.

Antonio Luigi Mazziteli, de la Oficina de enlace de la ONU contra la droga y el delito en México, planteó que la legislación revalore la figura de testigos protegidos y fortalezca las normas para definir la responsabilidad de empresas en actos de corrupción.

Agregó que también es necesario el fortalecimiento de la participación de la sociedad en todos los niveles de gobierno.

Igualmente, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, demandó que el nuevo marco jurídico permita pasar de los escándalos mediáticos a procesos judiciales para los casos de corrupción ya conocidos.

Ayer en el Senado hubo foros en la materia, el organizado por las comisiones dictaminadoras –que comenzó el lunes– y un segundo impulsado por el PAN, en el que su dirigente, Ricardo Anaya, convocó a las fuerzas políticas a acelerar el dictamen de las leyes anticorrupción, las que, según lo señalado en la reforma constitucional en la materia, deben estar aprobadas en mayo.

Mientras no haya leyes secundarias el Sistema Nacional Anticorrupción es letra muerta, afirmó, ya que el diseño actual de la legislación fomenta la impunidad y permite que los corruptos se salgan con la suya. por ejemplo mencionó que la Auditoría Superior de la Federación presenta más de 2 mil expedientes al año, pero en 99 por ciento de los casos no se sanciona a los funcionarios involucrados.

En el otro foro, los presidentes de las comisiones Anticorrupción y de Estudios Legislativos, Pablo Escudero y Alejandro Encinas, y la representante del PAN en ese tema, Laura Angélica Rojas, escucharon al visitador de la Procuraduría General de la República, Alejandro Chávez Flores, plantear que la legislación debe regular las contrataciones y compras públicas, a fin de perfeccionar el marco jurídico para reducir los espacios de discrecionalidad en el otorgamiento de contratos o concesiones.

En tanto, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Manuel Hallivis, expuso que confía en que el conjunto de leyes secundarias permita crear un sistema efectivo para combatir la corrupción.