La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite sendas acciones de inconstitucionalidad, presentadas por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de diversos artículos de la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, por incluir, entre otros aspectos, la prisión preventiva como medida cautelar, sin perjuicio de solicitarla conjuntamente con otra. Las demandas fueron admitidas por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien notificó al Ejecutivo federal y al Congreso para que aleguen lo que consideren necesario.

Entre los artículos cuya constitucionalidad fue impugnada destaca: artículo cuatro, que se refiere a la facultad del Ministerio Público federal para solicitar prisión preventiva como medida cautelar.

El Inai, por su parte, impugnó el artículo 23, que clasifica como información de seguridad nacional, los datos sobre el funcionamiento de las operaciones, instalaciones, actividades, movimientos del personal o vehículos de asignatarios, contratistas o permisionarios que se vinculen con las actividades previstas en el párrafo séptimo del artículo 27 de la Constitución.