l Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la organización política Ciudadanos anunciaron ayer un acuerdo orientado a poner fin al largo impasse político que se vive en España desde las elecciones del pasado 20 de diciembre, cuando ninguna fuerza política obtuvo la mayoría parlamentaria de 176 escaños, necesaria para formar gobierno en solitario. Sin embargo, concretar este pacto entre la segunda y la cuarta formaciones más votadas únicamente les daría 131 votos, por lo que requiere el apoyo o la abstención del Partido Popular (PP, actualmente en el poder) o de Podemos, partidos que a las pocas horas del anuncio declararon su oposición tajante a la investidura del socialista Pedro Sánchez.
Pero, incluso si se alcanzara un acuerdo de último minuto que permitiera al PSOE llegar al poder, el gabinete surgido de la votación parlamentaria del próximo primero de marzo sería en extremo frágil e incapaz de impulsar cualquier iniciativa legislativa. En tal escenario, la única opción para formar un gobierno mínimamente estable sería la inclusión de los populares para crear una amplia coalición de centro-derecha, posibilidad señalada por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien acusó que el acuerdo de más de 200 puntos está diseñado para seducir al PP.
En el fondo, lo que reflejan estos movimientos de los diferentes partidos es la continuidad de la crisis política que tiene paralizadas a las instituciones políticas de España desde hace ya más de dos meses y que no parece tener más salida que un llamado a nuevas elecciones el 26 junio. Sin embargo, dichos comicios podrían profundizar el ya acusado desgaste moral y de legitimidad por el que atraviesa la clase gobernante, pues hasta ahora las encuestas indican que unos comicios anticipados llevarían a un nuevo callejón sin salida al persistir una fragmentación del voto entre las diferentes fuerzas políticas.
Por otra parte, debe recordarse que la actual crisis no es sólo política, sino institucional, por lo que no puede ser resuelta únicamente con negociaciones entre las élites partidistas para alcanzar la gobernabilidad deseada. Un ejemplo es la imposibilidad de encarar, dentro del marco constitucional vigente, el reclamo sobre autodeterminación que enarbolan las distintas nacionalidades que coexisten en el seno del Estado español, de manera señalada en los casos de Cataluña y el País Vasco. En este sentido, el pacto entre el PSOE y Ciudadanos no hace sino recalcar el abismo que separa a la clase política de diversos sectores de la ciudadanía, al incluir como uno de sus puntos centrales el rechazo a que estos pueblos puedan usar el mecanismo democrático del referendo para decidir su futuro.
En suma, la crisis de la configuración institucional del régimen español es un recordatorio de que el modelo vigente desde 1978 se encuentra agotado y que el rediseño del marco constitucional resulta impostergable para dar paso a un nuevo acuerdo social incluyente e igualitario, capaz de contener la diversidad social y nacional de España y de dar un cauce legal a conflictos que actualmente no lo tienen.
