Washington.

Al tiempo que Apple se apresta a decirle a una juez que su disputa con la FBI debería ser decidida por el Congreso, el presidente ejecutivo de la compañía, Tim Cook, dijo que cumplir con una orden judicial para ayudar a la oficina de investigaciones a entrar a un iPhone que pertenecía a uno de los atacantes de San Bernardino sería malo para Estados Unidos y crearía un precedente legal que ofendería a muchos ciudadanos. Algunas cosas son duras, algunas cosas son correctas y otras son ambas; esta es una de esas cosas, declaró Cook a ABC News en su primera entrevista desde que se emitió la orden judicial la semana pasada.

En tanto, en Boston se informó que, de acuerdo con una encuesta nacional online realizada por Reuters e Ipsos, casi la mitad de los estadunidenses apoya la decisión de Apple Inc de oponerse a un tribunal federal que exige que desbloquee un teléfono avanzado que usó Rizwan Farook, uno de los autores del tiroteo de diciembre en San Bernardino, California.

El presidente ejecutivo de Apple también dijo que debió haber más diálogo con el gobierno del presidente Barack Obama antes de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos tomara la decisión de buscar la ayuda de un juez federal en California. Nosotros nos enteramos de la presentación por la prensa, y no creo que esa sea la vía por la que se deba avanzar, y no creo que algo tan importante para este país deba manejarse de esta forma, dijo Cook en una entrevista transmitida en el programa ABC World News Tonight.

Apple también argumentará que el pedido del gobierno de Barack Obama para ayudarle a acceder a los datos del teléfono en cuestión en la investigación federal del ataque en San Bernardino es improcedente según una ley del siglo XVIII –la Ley de Todos Los Recursos de Amparo– que ha sido utilizada para presionar a las compañías que asistan a las agencias policiales. Apple ha dicho públicamente que pretende apelar la orden de la corte y tiene hasta el viernes para responder.

Un abogado de Apple, Theodore J. Boutrous Jr, anticipó a Ap algunos de los argumentos que planteará en el caso. El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, también ha insinuado la estrategia de la empresa.

De prosperar, la iniciativa de Apple trasladaría el debate entre el derecho a la privacidad y la seguridad nacional al Congreso, donde Apple, una de las empresas de tecnología más respetadas del mundo, ejerce una influencia más considerable.

Apple invirtió unos 5 millones de dólares en cabildeos ante el Congreso el año pasado, sobre todo en cuestiones de impuestos y derecho de propiedad. Algunos destacados legisladores mantienen posiciones encontradas acerca de si las demandas del gobierno en este caso son excesivas.

La juez Sheri Pym en California ordenó la semana pasada a Apple crear un programa especializado para ayudar a la FBI a acceder a los datos de un iPhone utilizado por un agresor en la matanza en San Bernardino, California. Syed Farook y su esposa, Tashfeen Mali, mataron a 14 personas en una fiesta de una oficina inspirados en parte por el grupo extremista Estado Islámico.

El gobierno busca realmente presionar a los tribunales para que hagan lo que no han podido persuadir al Congreso que haga, dijo Boutros en una entrevista con Ap. Es para dar mayor autoridad a fin de que el Departamento de Justicia inspeccione los dispositivos, que tenga una puerta trasera de entrada a los dispositivos y sencillamente la ley no suministra dicha autoridad.

El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, objetó esta semana que el Congreso sea el que decida la cuestión.