El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene un rezago de casi seis años en fiscalizar algunas cuentas de los partidos políticos que involucran cientos de millones de pesos.

Hay 134 procedimientos pendientes de resolución y 17 revocados por sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que aún no se han acatado, de acuerdo con un informe de la Unidad Técnica de Fiscalización que no especifica montos económicos totales involucrados.

Una treintena proviene del proceso electoral 2011-2012, aunque algunos se originaron en 2010, y hay otros 41 relacionados con los comicios de 2014-2015. Otras 55 están relacionadas con informes anuales de hasta cinco años de antigüedad.

Con 203 millones de pesos disponibles este año, la Unidad Técnica de Fiscalización sigue rebasada. Aunque a partir de la reforma de 2014 no podrá demorarse tanto en resolver quejas y procedimientos oficiosos, porque la fiscalización cuenta para calificar las elecciones federales y locales.

El monto más elevado involucra una queja por presuntas aportaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por 353 millones de pesos, al partido Nueva Alianza para el proceso electoral 2011-2012 y que no fueron informados en su momento.

PRI y PRD, los más mencionados

La investigación más añeja es una relacionada con el PAN, que no ha permitido determinar si omitió informar dentro de su reporte anual de 2010 la totalidad de las operaciones realizadas con diversos proveedores y prestadores de servicios por un monto de 3.9 millones de pesos.

Tanto PRI como PRD son los más mencionados en estos listado. En el caso del PRD hay varios procedimientos viejos. Uno serviría para definir el origen de 112 cuentas bancarias que no fueron reportadas.

El tricolor suma decenas de indagaciones: una para determinar si celebró un convenio con Servicios Integrales de Aviación, que ampara erogaciones por 10.7 millones de pesos y un beneficio obtenido con la condonación de 28.8 millones.

De la campaña del ahora presidente Enrique Peña Nieto tiene todavía varias indagaciones sin resolver. Por esa razón se desconoce si reportó con veracidad el destino de seis cheques de Bancomer o si gastó 678 mil 500 pesos en la compra de saleros y playeras para las campañas priístas, o fueron parte de sus gastos ordinarios.

Por la tardanza en resolver algunos procedimientos se pueden encontrar casos de políticos que buscarán su siguiente candidatura presidencial en 2018 o partidos que cambiaron su nombre. Por ejemplo, hay una de Movimiento Ciudadano –cuando se llamaba Convergencia– relacionada con el origen de seis aportaciones de militantes a la precampaña de Andrés Manuel López Obrador en 2011-2012.

A estas alturas, el INE no ha podido fallar sobre un acto realizado en el World Trade Center durante la campaña federal 2012 en beneficio de Josefina Vázquez Mota, entonces candidata del PAN a la Presidencia.

Morena también se encuentra en el listado por una factura que carece de las muestras y hojas membretadas en relación con la colocación de 12 anuncios espectaculares por más de un millón de pesos.

El Partido Humanista ya perdió el registro nacional. Sin embargo, aún no presenta la documentación que permita conocer el candidato y las campañas beneficiadas en relación con facturas por 17 millones de pesos.