Ciudad Juárez, Chih.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, llamó a profundizar la descriminalización de los consumidores de droga. Es decir, avanzar en la detención de narcotraficantes más que en la persecución de usuarios.

Advirtió que las cárceles federales están saturadas de jóvenes sentenciados por narcomenudeo (60 por ciento del total de los reclusos). El caso de las mujeres –madres casi todas– es más dramático, porque el porcentaje sube a 80 por ciento. La gran mayoría fueron aprehendidas en situaciones no violentas, sin portar armas y, sin embargo, purgan penas desproporcionadas.

Del total de los internos, igualmente en centros federales de readaptación social, en 41 por ciento de los casos relacionados con la mariguana el valor de la sustancia que poseían fue inferior a 500 pesos. Lo anterior ha resultado en un aumento exponencial de la población penitenciaria, advirtió.

Si bien desde 1994 el consumo dejó de ser un delito, esta medida debe ser consistente con lo relacionado a la posesión, transporte y uso personal de las drogas, dijo.

En la inauguración del segundo foro del debate nacional sobre el uso de la mariguana, dedicado al tema Ética y derechos humanos, el secretario fue cauto en no fijar una posición sobre aumentar el nivel permitido legalmente para el autoconsumo de droga.

Sin embargo, precisó que mientras en México ese límite, para el caso de la cannabis, es de cinco gramos, en otras regiones del planeta es mucho mayor (hasta 28 gramos); para la cocaína la relación es de medio gramo permitido en nuestro país, por un gramo aceptado como tendencia mundial.

Por ello es necesario que los legisladores aborden el particular, atajen los huecos en la norma, porque en muchos casos se juzga a un sujeto por narcomenudeo cuando en realidad puede ser autoconsumo e incluso aprovisionamiento para el futuro inmediato.

“Se trata de contar con una legislación clara que no dé lugar a interpretaciones erróneas (…) debemos preguntarnos si el marco normativo en materia de control de sustancias ilícitas es el mejor posible. O si por el contrario existen incongruencias que no han permitido poner fin, en la práctica, a la criminalización de los consumidores”, dijo.

Señaló, como lo hizo en el primer foro, la necesidad de avanzar en la prevención del delito y de la drogadicción.

Sobre los derechos fundamentales y la ética, indicó que cada quien debe gozar plenamente de las libertades que marca la Constitución.

Previamente, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, advirtió que en el debate en torno al uso de drogas se deben atender no sólo las manifestaciones externas de este fenómeno, sino también sus causas generadoras. Del mismo modo, conciliar las dimensiones individuales y colectivas; no dar la espalda a una realidad que desafía a la sociedad, y entender el problema.

Igualmente, revisar las normas aplicables para permitir los usos medicinales o terapéuticos, así como lograr que de manera real y efectiva el consumidor no sea criminalizado y perseguido.

Ojalá el debate público sobre la mariguana dé pie a una revisión general sobre la política de drogas en nuestro país a la luz de los derechos humanos, así como sobre los factores que han permitido o propiciado llegar al estado actual de cosas que vivimos, señaló durante la inauguración del foro, al que asistieron funcionarios federales y estatales, así como abogados y académicos de diversas especialidades.

El ombudsman subrayó que el debate del problema no puede verse como algo incidental o secundario, sino como una verdadera necesidad que demanda atención urgente.

Las conclusiones de los foros serán entregadas al Congreso de la Unión. Al respecto, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa, dijo que ya están en pláticas con los legisladores, a fin de que se armonice el cúmulo de propuestas derivadas de estos encuentros regionales con la eventual generación y reforma de las leyes.