Río de Janeiro.

El lunes 22 de febrero amaneció con el anuncio de que el juez Sergio Moro giró orden de aprehensión contra Joao Santana y su mujer, Monica Moura, que además es socia en la empresa del publicista. Santana es acusado por la policía federal de haber recibido al menos 7 millones de dólares de manera ilegal en cuentas secretas. Ese dinero, depositado por la constructora Odebrecht, sería resultado del esquema de sobornos y desvíos en la estatal Petrobras, y habría cubierto gastos de la campaña de Dilma Rousseff en 2014.

Santana, que está en la República Dominicana cuidando de la relección del actual presidente Danilo Medina, supo de la determinación del juez Moro por la prensa. Sus abogados informaron que de inmediato él y su mujer embarcarían rumbo a Brasil para presentarse a las autoridades.

El publicista siempre admitió tener cuentas en el exterior y aseguró que estaban declaradas a las autoridades. Hace años que presta servicios a candidatos en el exterior.

En 2014, además de la campaña de Dilma Rousseff, Santana comandó la del candidato José Domingo Arias a la presidencia de Panamá, país donde la Oderbrecht realiza obras. A propósito, ha sido la única derrota de Santana en las seis campañas que hizo en el exterior.

Principal responsable de la imagen del PT, de Lula y de Dilma desde 2005, ahora Santana pasa a integrar el grupo de detenidos por la Operación Lavado Rápido, que ya resultó en la prisión de políticos, funcionarios y empresarios especialmente poderosos (el principal de ellos es Marcelo Odebrecht, heredero y presidente del grupo que controla, entre otras empresas, la principal constructora de América Latina).

La gran preocupación del gobierno es que, al ordenar la detención de Santana, el juez Sergio Moro llega a las puertas del despacho de Rousseff. Más que un publicista convencional, Joao Santana es un consejero muy cercano a la presidenta. Si se comprueba que parte del dineral que cobró por los servicios prestados en 2014 (unos 38 millones de dólares al cambio de la época) fue obtenido de manera ilegal, la situación tanto de la presidenta como del vice, Michel Temer, pasa a un estado terminal.

Ya corre en el Tribunal Superior Electoral un proceso para que se condene a los vencedores de las elecciones de 2014 por haber usado recursos ilegales en su campaña. La acción fue iniciativa del PSDB, partido derrotado cuatro veces seguidas por el PT.

Hasta ahora no hubo siquiera indicios de ilegalidad en la campaña de Dilma. Sin prueba alguna, el derrotado Aécio Neves, cuestionado sobre por qué recursos de una misma empresa destinados a las dos campañas eran considerados ilegales si eran dirigidos al PT y legales cuando beneficiaron a su campaña, argumentó que no tenía poder alguno en Petrobras. Se trata, sin embargo, de un argumento muy frágil, ya que el derrotado olvida, de manera conveniente, que las mismas empresas involucradas en robo y soborno en la estatal petrolera prestaron servicios de grandes dimensiones para gobiernos provinciales controlados por su partido.

Con la prisión de Santana, el proceso gana nuevo impulso en el TSE, justo en el momento en que otro intento de destituir a Dilma, el juicio político en el Congreso, perdió fuerza.

Los responsables por la justicia electoral tendrán que decidir rápidamente. No hay más la posibilidad, conforme esperaba el gobierno, de que el caso se debilite por falta de argumentos sólidos.

La cuestión se reduce ahora a dos salidas: el TSE decide la inocencia de Dilma y el vicepresidente, o la culpa. En la segunda hipótesis, se impugna la lista ganadora y se realizarán nuevas elecciones en 90 días. Mientras, el mandato pasa a Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, que enfrenta un juicio de la Comisión de Ética y del Supremo Tribunal Federal. Sería una situación absolutamente insólita.

Asesores de la mandataria aseguraron que desde que se supo que Moro investigaba a Joao Santana se contaba con la perspectiva de que el mediático juez de primera instancia decretara su prisión. Es que Moro no interroga: manda a aprehender. Algunos de los detenidos recién fueron oídos por el juez luego de estar presos desde hacía meses.

Dilma Rousseff dice, de acuerdo con esos asesores, estar absolutamente tranquila con relación a las cuentas de su campaña. Lo que más le preocupa es que el gobierno vuelva a un estado de parálisis y la crisis económica avance. Varias iniciativas polémicas, como la reforma del sistema de jubilaciones y la implantación de nuevos impuestos, dependen de difíciles negociaciones en el Congreso. Al ser nuevamente acosado, el gobierno, que ya enfrenta serias dificultades en hacer aprobar las medidas que juzga imprescindibles, se vería en un callejón sin salida.

Queda claro, al mismo tiempo, que además de un intenso cerco al ex presidente Lula da Silva y al PT, todo el operativo, que involucra a sectores de la Policía Federal, del Ministerio Público y de la justicia, también tiene por objetivo alcanzar a la presidenta y alejarla del mandato conquistado en las urnas.

Para el juez Moro y la oposición, Joao Santana puede ser la llave para abrir la puerta del despacho presidencial y desalojar a su ocupante.