Entre 2002 y 2014 la política pública de atención de los adultos mayores presentó fallas como descoordinación entre programas, no hubo mejoras en la vida de las personas y aumentó el número de pensionados; además, el apoyo que se les da está por debajo de la línea de bienestar mínimo y esto dificulta que se revierta su pobreza.

Así lo revelaron los resultados del análisis de la cuenta pública 2014 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que realizó una evaluación al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, integrado a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y en particular a la política de atención a los ancianos, para determinar en qué medida contribuyó a resolver el problema público en ese periodo.

La ASF determinó que faltó un diagnóstico integral en el que se definiera y cuantificara el problema, mientras que el diseño de las políticas tuvo deficiencias por la desarticulación entre las dependencias y entidades que las operan.

La dependencia resaltó que el proceso de envejecimiento demográfico de México es un fenómeno que se intensificará en las próximas décadas. En 2000, la proporción de adultos mayores fue de alrededor de 7 por ciento de los mexicanos, se calcula que en 2020 será de 12.5 y en 2050, 28.

Precisó que este sector de la población enfrenta discriminación y violencia, motivadas por una concepción social prejuiciosa e indiferente. A ello se suman privaciones y limitaciones en el acceso a los satisfactores y servicios básicos, a la presencia de enfermedades, sobre todo crónico degenerativas y discapacidades. Todo esto configura un escenario de vulnerabilidad biosicosocial que perpetúa o extiende el estado de precariedad de este grupo.

Destacó que hay un problema generalizado entre las personas adultas mayores, “cuyo origen se explica por la falta sistemática de oportunidades para el desarrollo humano y la acumulación de carencias sociales y económicas a lo largo de las trayectorias de vida.

A partir de estos elementos se identificaron tres vertientes del problema: la desvaloración social del adulto mayor; las carencias y limitaciones para la atención de sus satisfactores y servicios básicos, y la falta de una política de planificación para la vejez.

La ASF precisó que en 2002 entró en vigor la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en la que el Estado se obligó a establecer una política nacional orientada a garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, sociales y políticos, así como una vida digna para ellos.

Refirió que la estructura institucional que se estableció para dar cumplimiento a la legislación vigente presentó debilidades por la desarticulación de las dependencias y entidades participantes, no se precisaron responsabilidades específicas para atender a la población adulta mayor.

En cuanto al presupuesto asignado a la política, éste se concentró mayoritariamente en programas de carácter general, sin definir partidas ni identificar los recursos ejercidos en la atención de esa población.