Visita de estudiantes del Doctorado
en Desarrollo Rural de la UAM-X

FOTO: Manuel Espinosa Antonio Espinosa Sánchez

Nelly Iveth Del Ángel Flores

En abril y mayo de 2015, un grupo de estudiantes y profesores de la séptima generación del Posgrado en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, en su nivel Doctorado, visitamos Colombia y tuvimos la oportunidad de convivir con organizaciones de campesinos, indígenas, afrocolombianos y académicos de los departamentos de Bogotá y Boyacá en el centro y El Cauca en el suroccidente de aquella nación sudamericana, que pese a la distancia es tan cercana a México en muchos sentidos.

Sostuvimos diálogos con nuestros generosos anfitriones para conocer sus propuestas políticas y/o académicas, sus formas de organización, las demandas en torno al derecho a la tierra y el territorio. También nos explicaron sus luchas por la soberanía alimentaria y la dignidad del trabajo campesino, así como la construcción de autonomías. Por nuestra parte, identificamos los principales elementos de sus contextos de lucha, en muchos casos semejantes a los presentes en nuestro país y nos empapamos de sus experiencias y visiones; para fortalecer las reflexiones y prácticas en los escenarios y causas en las que cada uno de nosotros participa. Confirmamos la afinidad entre las realidades y problemáticas que viven nuestros pueblos, que intuimos se extienden a toda Latinoamérica y que, en no pocas ocasiones, tiene los mismos antagonistas: los grandes proyectos extractivistas, la aplicación de políticas neoliberales y globales asociadas a grupos de poder locales, la subalternización de los pueblos indígenas y afrocolombianos, entre otros aspectos. Empero, sin duda, nos regocijamos también al conocer la vitalidad y logros de los movimientos, organizaciones, redes e instituciones educativas con quienes resultaría profundamente beneficioso intercambiar experiencias y de las cuales hay mucho que aprender. He En este número de La Jornada del Campo mostramos un poco de lo que está oportunidad nos brindó.

Cronología de violencia
y despojos de tierra en Colombia*

Luz Angélica Dueñas Checa Estudiante del Doctorado en Desarrollo Rural, UAM-Xochimilco

ILUSTRACIÓN: Diego Pombo

La lucha por la tierra ha sido una constante en la historia de Colombia. Desde la Conquista hasta nuestros días, las clases dominantes han ejercido su poder y todo tipo de violencia para despojar a las comunidades de sus territorios: exterminaron pueblos enteros, desplazaron a millones de personas, torturaron y desaparecieron a campesinos, indígenas y afros que luchaban por la tierra.

Aun así, en medio de la geografía del terror instaurada para alcanzar el máximo nivel de acumulación de riqueza (según conceptualización de Ulrich Oslender), los procesos organizativos de resistencia se mantuvieron siempre presentes.

La lucha por la tierra y la violencia pueden caracterizarse en cuatro periodos:

Primer periodo, 1819-1920: Los cambios socioeconómicos que se produjeron después de la Colonia llevaron a la formación de un Estado colombiano donde los grupos de poder generaron varias formas de apropiación de los recursos naturales y de control de la población. Fue un tiempo de larga duración, en el cual se conservaron las formas de apropiación de la tierra derivadas de la Colonia. Esta economía se basó en un régimen señorial hacendatario, en el que la extrema concentración de la tierra en manos de latifundistas se construyó de forma violenta, por la vía de los ciclos colonización-conflicto-migración-colonización y se consolidó por medio de la guerra y de las llamadas “leyes del despojo”.

Segundo periodo, 1920-1965: Se caracterizó por la modernización capitalista donde las contradicciones con el régimen señorial hacendatario se agudizaron y se hizo necesario transformar las relaciones de propiedad para superar este régimen por medio de la “democratización de la propiedad”. Se generó entonces una serie de reformas agrarias orientadas al fortalecimiento de la naciente clase burguesa del país, la cual se forjó vía la concentración de la propiedad latifundista de la tierra en oposición a la clase trabajadora rural y de las mayorías campesinas desposeídas del país. La modernización capitalista de este periodo se sustentó en la consolidación de la economía cafetera y la apertura al proceso de industrialización basada en la sustitución de importaciones.

Esta nueva dinámica produjo formas de resistencia que van desde la colonización de tierras que amplían la frontera agrícola hasta las respuestas armadas y de autodefensa campesina. En estas tierras en disputa entre la reproducción del capital y la resistencia de las comunidades, destacó la lucha dada por el movimiento indígena campesino encabezado por Quintín Lame en el departamento del Cauca. Fueron numerosas las expresiones de oposición de los campesinos contra la reducción sistemática de sus espacios de vida, pero alcanzaron muy contadas victorias; aun así, con el correr de los años ayudaron a fortalecer una cultura de resistencia que habría de enfrentar nuevos embates, entre ellos la lucha contra el capital transnacional.

Tercer periodo, 1960-1980: Ocurrió un proceso de transición del régimen de acumulación productiva hacia un régimen neoliberal de financiarización, debido esencialmente a la crisis del proceso de industrialización basado en la sustitución de importaciones y a la pérdida de influencia de la economía cafetera tras la crisis de la bonanza.

Para la salida a esta crisis, se propuso una nueva Reforma Agraria (Ley 135 de 1961), con la cual se cerró cualquier posibilidad de democratización de la propiedad de la tierra por la vía institucional, manteniendo así el poder latifundista ganadero y agroindustrial. Ahora sí se abandonó toda mirada al sector rural, agudizando las formas de represión y violencia contra los movimientos sociales, obreros y campesinos.

De acuerdo con Darío Fajardo, en su artículo “Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones de su persistencia y sus efectos más profundos en la sociedad colombiana” (publicado en 2015 en el libro Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia, Bogotá, Colombia: Sin editorial), en 1961, “como resultado de la aplicación de la guerra contrainsurgente, las regiones en donde habían surgido organizaciones campesinas fueron arrasadas y el campesinado sometido a muy difíciles condiciones de existencia […] círculos político-militares norteamericanos diseñaron la iniciativa contrainsurgente de carácter “preventivo”, para aplicarla contra las comunidades campesinas refugiadas en las montañas, las llamadas ‘repúblicas independientes’”. Esta iniciativa sería “el acompañante militar de la ley de reforma agraria”.

El mismo autor señala que “en prosecución de este propósito, el desarrollo de la doctrina de la seguridad nacional contemplaba la articulación y movilización de todo el ‘poder nacional’, incluyendo las formas institucionales: en primer lugar las fuerzas armadas, las demás entidades del Estado, las organizaciones de la sociedad (gremios, medios de comunicación, iglesias), y ‘no institucionales’, representados en particular por los grupos paramilitares”. Ello sin embargo tuvo como respuesta el surgimiento de distintas expresiones de insurgencia armada, en particular las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), señala.

La política de asistencia militar de Estados Unidos se implementó vía el “Plan Colombia”, con el justificante de luchar contra el narcotráfico. Tal Plan le asignó al país el carácter de laboratorio de la “guerra contrainsurgente”, profundizando la concentración de la tierra y el poder político en muy pocas manos; la pobreza extrema especialmente en el campo, el desplazamiento masivo, las desapariciones forzadas, los asesinatos selectivos y la criminalización de la protesta social.

Todo el despliegue institucional, político y militar tenía el fin de resguardar los intereses del capital, que giraban hacia la industria de la construcción, especialmente de la vivienda, dando impulso a la acumulación financiera y consolidándola en 1990 con la política neoliberal de apertura económica durante el gobierno de César Gaviria Trujillo.

En este periodo, se produjo la inserción de la economía colombiana en la economía corporativa trasnacional de las drogas de uso ilícito, primero con la mariguana y luego con la producción de cocaína en la década de los 80’s, situación que no sólo estimuló la especulación inmobiliaria en las ciudades, sino que además provocó mayor concentración de la tierra y ampliación de la frontera agrícola por los nuevos ciclos de colonización campesina, que encontraron en esta actividad una salida al empobrecimiento violento al que se han visto sometidos los campesinos. A la sombra de esta economía trasnacional se propició una creciente militarización de la vida económica, política, social y cultural del país.

Cuarto periodo, 1990-2015. Fueron los años de consolidación del régimen neoliberal de financiarización, caracterizado por la conformación de un nuevo bloque de poder que tiene actualmente la hegemonía del capital financiero producido por la creciente trasnacionalización y desnacionalización del proceso económico. La acumulación por despojo es característica de este bloque de poder, igual que en todo el proceso histórico.

El proceso de neoliberalización, amparado en el proyecto político-económico de la llamada “Revolución Pacífica” no sólo ha agudizado el conflicto social y armado, sino que además le da continuidad y persistencia, pues logra establecer nexos entre las dinámicas de expropiación-apropiación territorial, la economía de la guerra y los procesos de acumulación, y entre el régimen de luchas y la destrucción de los procesos organizativos populares.

*Extracto editado del proyecto de tesis de la autora para alcanzar el título de doctora en desarrollo rural, por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xocimilico (UAM-X). “Zonas de Reserva Campesina en Colombia: Una experiencia alternativa al desarrollo rural”.

Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular en Colombia: Un ejemplo de unidad en la lucha por la dignidad y la transformación del sector rural Luz Angélica Dueñas Checa Estudiante del Doctorado en Desarrollo Rural, UAM-Xochimilco Porque quien sabe las problemáticas del campo es el movimiento agrario, el movimiento indígena, el movimiento afro, el movimiento campesino, el movimiento popular, quienes saben de los problemas de la soberanía alimentaria somos nosotros, quienes tenemos propuestas para superar la crisis somos nosotros, quienes nos hemos pensado, nos hemos organizado alrededor de buscar soluciones para el campo somos nosotros, por lo tanto no solamente con nosotros debe contar para diseñar una política que apoye todas las propuestas que desde el movimiento agrario se lideran, no solamente para liderarla sino para ejecutarla, para hacerle seguimiento, para que se empodere este movimiento agrario de los cambios y las transformaciones en el país. Andrés Gil, vocero de la MIA en Rueda de prensa Cumbre Agraria. La agudización de la política neoliberal en Colombia ha fortalecido los procesos de resistencia social, especialmente los movimientos del sector rural que desde siempre han marcado un punto de inflexión en la historia de las luchas sociales de nuestro país. La implementación del modelo neoliberal inicia en 1990 con la apertura económica promovida por César Gaviria, pasa por el desarrollo del Plan Colombia y culmina en esta etapa con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio (TLC) en 2012 durante el gobierno de Juan Manuel Santos; este panorama ha profundizado las problemáticas agrarias y sociales históricas y ha sumido al sector rural en condiciones de extrema pobreza. Sin embargo, a la vez que estos procesos generan explotación, dominación y exclusión, también se constituyen en dinamizadores del movimiento social, que no sólo está resistiendo, sino además está generando alternativas para la construcción de un nuevo país, de un país en paz y con justicia social y que en las voces del propio movimiento ha sido denominado “Sembrando esperanza, cosechando país”. Este movimiento de resistencia, que a todas luces se ha constituido en contrahegemónico, ha puesto en jaque los intereses del capital. Sus integrantes han logrado por medio de las dos grandes movilizaciones ocurridas en 2013 y 2014, ser reconocidos como sujetos sociales y políticos capaces de pensar, discutir, plantear y ejecutar las condiciones de vida para sus comunidades, lo cual se verá reflejado en la Reforma Rural Integral como parte de los acuerdos logrados durante esta movilización que ha sido llamada por algunas organizaciones “dignidad campesina” y por otras “la revolución de las ruanas”. “Dignidad campesina” o “la revolución de las ruanas” inicia con la inconformidad de diferentes organizaciones, y destacan por su activa participación de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, la Organización Nacional Indígena de Colombia, el Coordinador Nacional Agrario y la Mesa de Interlocución y Acuerdo, y concluye con la articulación de campesinos, afrodescendientes, indígenas y sectores populares en la denominada Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, que se constituye en la máxima expresión de unidad por la transformación del sector rural en Colombia y que cuenta con una plataforma de lucha para negociar directamente con el gobierno de Juan Manuel Santos una verdadera Reforma Rural Integral. En febrero de 2016 está convocada la Cumbre Agraria para continuar con la discusión de lo que debe ser materializado en la Reforma Rural Integral. Estos son algunos de los elementos que promueve la Cumbre Agraria, Campesina Étnica y Popular: Las comunidades definirán los usos del territorio y las maneras de habitarlo de acuerdo con una política diferencial que incluya las distinciones étnicas, regionales y productivas. El ordenamiento territorial exigido tendrá como base la definición y el respeto de las figuras colectivas de gobierno propio y defensa del territorio, incluyendo: seguridad jurídica para las figuras colectivas de gobierno propio como Zonas de Reserva Campesina (ZRC), resguardos indígenas y territorios colectivos afrocolombianos, y reconocimiento de los derechos de indígenas, comunidades afro y campesinas al territorio. Política de reforma agraria integral que redistribuya y democratice la propiedad de la tierra con enfoque territorial. Que se detengan todos los planes y proyectos que amenazan el goce de la tierra para las comunidades campesinas, indígenas y afro, entre ellas el derecho de superficie y los mercados de carbono en favor de empresarios nacionales o extranjeros. Consideramos que esas medidas son otra forma de despojo contra los pueblos. Manejo público y comunitario del agua y el desmonte de los megaproyectos que amenazan las fuentes hídricas. En las ciudades se deben realizar pactos con las áreas rurales y municipios que las abastecen de alimentos, que prioricen la articulación de las zonas agroalimentarias, las de reserva campesina, los territorios afrocolombianos, los resguardos indígenas y territorios ancestrales, para acciones tales como preparación y venta de despensas alimentarias y apoyo a las economías campesinas. Garantías de retorno al campo de las personas que viven en las ciudades a causa de los desplazamientos y garantías para quienes decidan no retornar al campo. Exigimos al Estado el reconocimiento de las problemáticas urbanas que surgen de modelos de despojo del sector rural. Reformulación del modelo de redistribución de las rentas petroleras y minero-energéticas, con el fin de invertir en el desarrollo rural. Transformación del modelo productivo del país, apuntando a una política económica planificada y agroecológica que regule el mercado. Fortalecimiento de la economía campesina, indígena y afrocolombiana. Desmonte de todos los tratados de libre comercio y freno a la aprobación de nuevas normas, tratados y acuerdos internacionales de cooperación que vulneren la producción agropecuaria nacional. Todos estos puntos son extractos de algunos de los mandatos que resultaron de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular 2013-2014 y que se constituyen en la plataforma de lucha para la negociación con el gobierno para la Reforma Rural Integral. Esta plataforma de lucha demuestra la claridad política del movimiento rural ahora fortalecido por la unidad de los pueblos campesinos, indígenas y afrodescendientes y algunos sectores populares que tienen un objetivo común: la consecución de la paz con justicia social y la defensa de un modelo de economía propia que permita la construcción de otro mundo, de otras formas de habitar la tierra y nuestros territorios.

opiniones, comentarios y dudas a [email protected]

jornadadelcampo     La Jornada del Campo     la_jornada_del_campo