La OCDE recomienda medidas al Estado para explotar más a su pueblo

Juan Carlos Jaime Fajardo Sociólogo y especialista en políticas públicas de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en pedagogía de la Unad, maestro en estudios sociales, doctorante en educación y profesor ocasional, UPN-Colombia, docente del distrito de Bogotá e integrante del equipo Revista Viento del Sur–MODEP  [email protected]

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El documento “Estudios económicos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre Colombia” (2015) recomienda cobrar más impuestos a los colombianos para sanear las finanzas del Estado; realizar reformas laborales, pensionales, tributarias y jurídicas para garantizar la inversión extranjera, y formar la mano de obra competente para el incremento de la productividad de dicha inversión.

El diagnóstico económico de tal documento considera tres grandes rubros: dificultades para la sostenibilidad fiscal del Estado, pocas garantías para la inversión extranjera y baja productividad. Con base en ello, el presente artículo abordará cuatro apartados: 1. tendencia a profundizar en el pueblo la responsabilidad fiscal del Estado; 2. generar garantías para la inversión extranjera en sectores no estractivistas; 3. el incremento de la plusvalía por medio de la formación en competencias, y 4. Los impactos sociales de las recomendaciones de la OCDE.

La crisis fiscal del Estado se sigue descargando en el pueblo. Siendo coherente con los Estados burgueses, hoy considerados efectivos, la OCDE realiza un diagnóstico macroeconómico sobre el Estado colombiano, e identifica los principales factores que afectan su sostenibilidad fiscal en medio de sus responsabilidades crediticias y la pérdida de ingresos por las fluctuaciones económicas, propias de una economía extractivista y con incremento sostenido de la inversión extranjera, papel que el imperialismo asignó a Colombia como nación oprimida y que la hace vulnerable a los vaivenes de la economía internacional. Por ejemplo, con la revaluación del dólar en promedio en mil pesos en el año reciente, la deuda externa se incrementó en una tercera parte.

Por otra parte, la OCDE considera que la disminución de los precios del petróleo afecta la inversión extranjera en este sector y la balanza de pagos y reduciría los ingresos del gobierno, lo que unido a la alta vulnerabilidad ante posibles fluctuaciones a corto plazo del apetito global por el riesgo y el agotamiento de materias primas, llevan a que el Estado requiera ajustes económicos.

Tales ajustes están en función de facilitar la inversión extranjera, garantizar el pago de la deuda y recargar aún más en el pueblo el funcionamiento fiscal del Estado.

Si bien son ciertas la baja del precio del petróleo y la vulnerabilidad ante las fluctuaciones cambiarias internacionales, surge la pregunta: ¿por qué la economía colombiana depende de la extracción de petróleo y de las fluctuaciones internacionales? Puede responderse que una economía sometida a los intereses de las multinacionales y no a los nacionales es vulnerable, pues los inversionistas extranjeros con sus multinacionales después de destruir nuestra economía, pueden llevarse sus inversiones dejando al país desmantelado y en crisis económica, social y ambiental por la dependencia y el saqueo ocasionados.

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Las dificultades financieras del Estado colombiano preocupan a la banca internacional pues la deuda externa representa 24 por ciento del producto interno bruto (PIB), sobre todo debido a que se ha venido presentando un agotamiento de fuentes de ingreso del Estado, lo cual afecta su capacidad de endeudamiento internacional y las respectivas responsabilidades adquiridas, situación que se agrava por la devaluación del peso frente al dólar.

La carga tributaria a sectores sociales medios y bajos se presenta como una de las opciones de compensación. Para tal fin se propone: incrementar el impuesto al valor agregado (IVA) a sectores como construcción, electricidad, transporte, servicios financieros y otros servicios. Según la OCDE, la exención del IVA a estos sectores representa una pérdida de ingresos estimada en 2.4 por ciento del PIB. En esa misma tónica, se prevé un incremento en el impuesto predial, ya que éste queda como base para las transferencias a entidades territoriales, lo que implicará mayor impuesto a los pequeños propietarios del campo y la ciudad; proponen aumentar el impuesto a la renta, incluidos los salarios de profesionales, y eliminar las trabas tributarias a la inversión extranjera, facilitándole el camino a los grandes empresarios. Esto se conoce como una reforma tributaria regresiva, porque no se enfoca en gravar el patrimonio, sino el consumo.

Se profundiza Colombia como plataforma de la inversión extranjera en sectores no extractivistas. Debido al llamado agotamiento de las materias primas, se recomienda dar un giro económico para fortalecer ciertos sectores económicos, principalmente terciarios, como venta de servicios. Sin embargo, la OCDE argumenta que la inversión extranjera ha sido baja por la carga impositiva que enfrenta, y propone a cambio la implementación de un régimen de IVA basado en el consumo. Con esto se favorecería el ingreso de más capitales al país, pero centrando en sectores económicos basados en la innovación.

De igual manera, para favorecer la inversión extranjera, la OCDE opina que el salario mínimo es alto, resultado de incrementos superiores a la inflación, lo que unido a los costos laborales no salariales, hace que se empañe la atracción de dicha inversión. Tal afirmación está muy lejos de la realidad. Al respecto vale aclarar que en Colombia, en palabras de Marx (1865), a lo sumo los incrementos salariales se han dado desde lo nominal, es decir no alcanzan a compensar los costos reales de vida y menos aún permiten que el salario alcance el nivel de plusvalía extraída a los trabajadores.

Es decir, las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), sobre la inflación, que son la base para el incremento salarial son menores al costo de vida real. Se da tan sólo un aumento nominal cada año en el salario. Cuando los trabajadores exigen procesos de nivelación salarial, buscan recuperar el poder adquisitivo acorde con los costos de vida reales, esto es lo que Marx llama un salario real. Un salario relativo tiene estrecha relación con el nivel de plusvalía extraído a los trabajadores, exigiendo por ende un salario relativo a dicha explotación, lo que se concreta en repartir las ganancias obtenidas del proceso productivo.

Sin embargo, para dar cumplimiento a las necesidades de la inversión extranjera, la OCDE propone establecer el salario mínimo por edades, incrementando la explotación a la juventud y de las mujeres, pues sería a quienes menos les pagarían, y acabar con las cajas de compensación familiar, eliminando subsidios familiares y de vivienda.

Asimismo, se propone una reforma laboral que implica que las horas de trabajo se contraten de manera flexible de acuerdo con las necesidades de producción, por ejemplo, permitiéndoles que calculen el promedio de la jornada laboral con arreglo a un periodo de tiempo superior al de una semana. Esto implicará distorsiones en los horarios de trabajo, afectando aún más la vida familiar y dificultando la posibilidad de estudio.

Otra propuesta es ampliar la base tributaria para descargar la inversión extranjera de tributos; se plantea, por ejemplo, reducir los impuestos a transacciones financieras. “Una reforma de estas características atraería inversión extranjera y nacional a otros sectores distintos al petróleo y la minería”, dice la OCDE.

Por ende, se espera una serie de reformas jurídicas, tributarias y legislativas para facilitar el ingreso de más capitales extranjeros, o sea de multinacionales en el país, sólo que direccionadas principalmente al tercer sector de la economía y a costa de condiciones laborales precarizadas.

Incremento de la plusvalía relativa y el valor agregado a las mercancías por medio de habilidades y competencias. Para tal propósito, la OCDE afirma: “La productividad sigue siendo baja, lo cual refleja la debilidad de las condiciones marco existentes, como la informalidad, la baja calidad educativa, el déficit de habilidades y competencias”, entre otras, situación que consideran un problema, tanto para la inversión extranjera como para garantizar las finanzas del Estado. Al respecto la OCDE en el mismo documento afirma: “La productividad aumentaría si se redujera la informalidad a través de la formación y dotación de mejores habilidades y competencias”. En la misma dirección, la Fundación Compartir (2013) y las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND, 2015) “Todos por un mismo país”, consideran que el propósito de la educación es agregar valor a las mercancías. Esto quiere decir que además de la explotación por medio de la reforma en la jornada de trabajo, se pretende “dotar” de habilidades y destrezas a los trabajadores para aumentar la productividad, tanto en los procesos industriales como en la venta de servicios.

Esto en palabras de Marx sería aumento de la plusvalía relativa, debido al acrecentamiento de la producción en el mismo tiempo de trabajo, fruto de las habilidades del trabajador, constituyéndose en parte de los medios de producción, pues tales habilidades del cerebro social son absorbidas por el capital fijo, en este caso de las multinacionales. Esta medida de la economía política se traduce en incremento en la acumulación capitalista, ya sea por trabajar en equipo (saber vivir juntos), por mejores destrezas técnicas como bilingüismo, manejo de tics, etcétera (el saber), por poseer habilidades procedimentales que pueda aplicar en diferentes sectores de la economía (saber hacer), entre otras competencias. La Fundación Compartir ya cuantificó el nivel de acumulación fruto de la reforma educativa; considera que en una década con una inversión de 14 billones se obtendrían 98 billones de ganancia.

Para esto la educación se considera relevante, en donde la formación en competencias laborales y ciudadanas es prioridad, para lo cual los maestros constituyen el pilar fundamental, pues, como afirman, de la calidad del docente depende la calidad de la educación (Compartir, 2013). De ahí que un eje del PND sea la educación. Por eso se promueve la articulación del bachillerato con lo técnico, se forma y evalúa por competencias y se habla de incrementar la cobertura en educación y construir nuevas aulas; ya Santos anunció 30 mil de éstas y se ajustarán los fines de la educación a lo que llaman pertinencia educativa a las necesidades empresariales. Un ejemplo al respecto es que en la rama de las telecomunicaciones no se apuesta por formar profesionales que desarrollen tecnologías para las necesidades del país, sino profesionales y técnicos que se limiten a manejar la trasferencia tecnológica del extranjero.

Al respecto, la OCDE diagnostica que “La educación terciaria en Colombia es del 45 por ciento, inferior al 70 por ciento de los países de la OCDE […] Las habilidades y competencias de la educación terciaria muchas veces no coinciden con las necesidades del mercado laboral […] El 45 por ciento de las empresas perciben que no hay personal calificado”, para su demanda laboral. Se prevé, entonces, ajustes a los programas educativos en correspondencia con el enfoque regional del PND, por ejemplo pertinencia a la innovación, a la conectividad, a los macroproyectos agrícolas, etcétera, proponiendo apuestas pedagógicas que reconozcan y se adapten al contexto, mas no tendencias pedagógicas para transformarlo. No en vano en el gobierno pasado de Santos se propuso que la piedra angular del Plan Nacional de Desarrollo fuera la locomotora de la innovación y el emprendimiento, respondiendo a la necesidad de profundizar en sectores distintos a lo minero-energético; esto cobra mayor importancia en el actual periodo, por eso en el presupuesto del PND “Todos por un mismo país”, el componente de movilidad social equivale a más del 40 por ciento, con el fin de formar la mano de obra en habilidades, destrezas y competencias para incrementar su productividad, requiriendo la formalización laboral precarizada de los llamados trabajadores competentes. Al respecto una propuesta es constituir el Sistema Nacional de Formación de Capital Humano (SNFCH).

Impactos sociales de las recomendaciones de la OCDE. Lo anterior lleva a que se presenten una serie de contradicciones entre las políticas del Estado y el pueblo; por ejemplo, la reforma tributaria, con más impuestos a la población en general favoreciendo a las multinacionales; reforma laboral, para bajar salarios y flexibilizar la jornada laboral; ajustes a la educación para que sea pertinente a la inversión extranjera, profundizando la estandarización y los procesos de privatización por medio de las alianzas público privadas, y la reforma pensional, donde pretenden incrementar la edad y el periodo promediado, para favorecer a los fondos pensionales y afectar a los trabajadores, entre otras reformas.

Cabe precisar que, según la ley 100 sobre seguridad social, para establecer la base pensional se promedian los últimos diez años de cotización; la OCDE recomienda ampliar dicho periodo, lo cual bajaría el monto de pensión del trabajador.

Si bien en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado recientemente ya se avanzó en algunas de las recomendaciones de la OCDE, se espera que por vía legislativa se sigan tramitando una serie de reformas para dar cumplimiento a las faltantes, como la reforma pensional, reforma tributaria, etcétera, situación que empeorará la condición socioeconómica de la mayoría de los colombianos. Es indispensable conocer las iniciativas de reforma y generar formas de rechazo a la concreción de tales recomendaciones.

Reto para los revolucionarios en Colombia Juan Carlos Jaime Fajardo Sociólogo, profesor universitario e integrante de Revista Viento del Sur-Modep [email protected] Es evidente que en Colombia culminó en los años recientes un periodo de la revolución que había iniciado en la década de los 60’s del siglo pasado, y que hoy asistimos a la apertura de uno nuevo. Dicho periodo empezó a transitar su fin con el ascenso del fascismo al control del Estado liderado por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez en el año 2002. A partir de entonces se ha profundizado el despojo de territorios de las comunidades, principalmente rurales (indígenas, afrodescendientes y campesinas), imponiendo leyes como la del agua, la forestal y la de páramos y el código minero, para entregar los recursos a las multinacionales; se ha presentado un incremento vertiginoso de la inversión extranjera en el país, que pasó de dos mil millones de dólares en 2002 a 26 mil millones en 2014, lo cual ha venido destruyendo la economía nacional; se fortaleció la cultura anticomunista, y se llevó a la gran mayoría de la población a una adaptación ideológica al modelo neoliberal a pesar de las crisis económicas mundiales y los endeudamientos familiares. Es decir, el proyecto capitalista en su versión neoliberal se impuso estratégicamente ante los planes políticos del conjunto de los revolucionarios colombianos. Esto no quiere decir que el pueblo colombiano haya dejado de luchar, pues es memorable cómo a partir de la movilización indígena en 2008 el ex presidente Uribe tuvo que someterse a escuchar en territorios indígenas sus peticiones, aunque antes había dicho que no dialogaría en ninguna parte en medio de la movilización; es memorable la lucha de los estudiantes organizados en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) cuando en 2011 logró echar abajo la propuesta de reforma universitaria del presidente Santos; es memorable el paro campesino que logró paralizar varios departamentos del país en 2013; es memorable el paro de los maestros en mayo de 2015, con apoyo popular, en exigencia a sus demandas gremiales, entre muchas otras luchas dadas en la última década. Además vale mencionar que desde hace más de tres años vienen desarrollándose diálogos entre las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el Estado colombiano, con el propósito de fortalecer la lucha política desde sus programas revolucionarios y no como resultado de una rendición como sueña la oligarquía. Todas estas situaciones evidencian que se está transitando hacia un nuevo periodo de la revolución en Colombia. Fruto de todos estos procesos populares existe un rico acumulado de experiencias políticas, expresadas en diversidad organizativa, iniciativas económicas, educativas, culturales, comunitarias, autonomistas y territoriales tanto en el campo como en la ciudad, entre muchas otras, incluso algunas con expresiones de poder popular. Sin embargo, urge el interrogante ¿cómo transitar este nuevo periodo y hacia dónde proyectar este acumulado y las luchas del pueblo? Un camino puede ser limitar las expectativas a reformar el Estado actual, y llevar dicho acumulado político y las luchas a los brazos de la institucionalidad vigente para dejar a las nuevas generaciones la tarea de liderar tal reforma. Otro camino puede ser centrarse en hacer un uso alternativo de las instituciones del actual Estado y desde allí proyectar el nuevo periodo. Otro puede ser el de articular todo ese acumulado político concretando la alianza de los poderes populares y creando nuevas instituciones legitimadas por el pueblo para desde allí dialogar y confrontar la institucionalidad vigente como etapa inicial del nuevo periodo. Sin duda, aflorarán otros caminos en esta búsqueda por la transformación social. Para concretar las transformaciones que requiere la sociedad colombiana, considero conveniente el tercer camino, pero independientemente de este deseo, lo cierto es que los revolucionarios en Colombia tienen que proyectar dicho momento histórico, extrayendo lecciones del pasado, reconociendo sus fortalezas y debilidades, buscando las convergencias y superando las diferencias que en muchos casos son fruto de prejuicios teóricos antes que de investigaciones sobre la realidad concreta. Lo cierto es que, aun cuando las clases dominantes pretendan una pacificación de la sociedad colombiana, el pueblo seguirá resistiendo y soñando con una mejor sociedad y allí tendrá que construirse el nuevo periodo; lo cierto es que, en América Latina y en otras latitudes existen afortunadamente innumerables experiencias de lucha popular que pueden aportar a los actuales retos de los revolucionarios colombianos en este momento histórico.

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