En la revisión del gasto federalizado de la cuenta pública 2014, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un monto de 13 mil 149.4 millones de pesos que no fue solventado, en la aplicación del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (Faeb), destinado a los estados para el pago de la nómina magisterial.

Del total de recursos asignados al Faeb –que en enero de 2015 fue sustituido por el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone)– en los que se observó presunta irregularidad, se detectó que 6 mil 222.3 millones de pesos corresponden a recursos por aclarar y 6 mil 927.1 millones son recuperaciones determinadas, de los cuales 5 mil 810 millones se consideran recuperaciones probables.

En el informe de resultados del gasto federalizado 2014, la ASF destaca que al menos 5 mil 76 millones de pesos asignados al Faeb se detectaron como retenciones no enteradas a terceras instituciones, y 4 mil 372.2 millones se identificaron como pagos improcedentes o en exceso.

Además, la ASF detectó que falta de documentación probatoria del gasto de 719.3 millones de pesos y 705 millones se clasificaron como recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos del fondo. También se canalizaron 237.7 millones de pesos al pago de impuestos estatales, mil millones a otros gastos y 475.6 millones se identificaron como recursos no devengados o ejercidos.

En cuanto a la auditoría financiera y de cumplimiento de obligaciones contenidas en la Ley de Coordinación Fiscal de la Secretaría de Educación Pública (SEP) relacionadas con el Fone, se detectaron diferencias en el registro de plazas conciliadas y autorizadas con la plantilla de personal.

De acuerdo con la información presentada por la SEP, las plazas conciliadas fueron un millón 834 mil 700, pero en el analítico autorizado se reportaron un millón 847 mil 686, una diferencia de 12 mil 986.

En tanto, la diferencia con la plantilla de personal, que reportó un millón 827 mil 3, es de 7 mil 697 en relación con el total de plazas conciliadas con los estados.

Asimismo, la ASF detectó en el Programa de Inclusión y Alfabetización Digital una recuperación probable por 576.8 millones de pesos, de los cuales 340.3 millones corresponden a un posible daño o perjuicio a la hacienda pública por la compra de más de 709 mil tabletas electrónicas para alumnos de quinto y sexto grado de primarias públicas.

Al revisar el programa, la ASF detectó que los equipos presentan hundimiento en el puerto de carga, lo que ocasiona que queden inservibles, pues la reparación ocasiona un costo extra para los beneficiarios, que representa hasta 80 por ciento del valor del dispositivo.

La ASF señaló que al no definirse una estrategia de actualización de contenidos remota, para el ciclo escolar 2015-2016 fue necesario adquirir 16 mil 500 memorias USB, lo que representó una erogación de más de un millón de pesos.

También se detectaron pagos injustificados por 233.9 millones de pesos, ya que se carece de los estudios que justifiquen la compra de equipos para la llamada Solución de aula –servidores, ruteadores, switches y proyectores– y el diseño de la arquitectura que requerirían para su operación, pues no fueron utilizados ni aprovechados en su totalidad, ya que se detectaron equipos no instalados, desconocimiento en su operación e incompletos por robo.