El precio de la tortilla sólo ha aumentado de manera focalizada en negocios de algunas ciudades, y ha registrado fluctuaciones estables en todo el país. Desde mediados del año pasado el precio promedio a nivel nacional se mantiene por debajo de 13 pesos por kilo, aseguró Rafael Ochoa, encargado de despacho de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El funcionario ratificó que el precio más alto que ha detectado la dependencia ha sido de 20 a 24 pesos por kilo en tortillerías de Hermosillo, Sonora, como informó este diario hace una semana.

Remarcó que la tortilla no tiene precio oficial y se rige por la oferta de la ley y la demanda, pero advirtió que la ley señala que tampoco se puede encarecer un producto básico sin justificación legal. Advirtió que la Profeco defenderá a los consumidores sin afectar el libre mercado, y actuará en colaboración con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) contra los proveedores que se pongan de acuerdo en elevar el precio.

Precisó que en lo que va del año la Profeco ha realizado 528 visitas de verificación a tortillerías y molinos, de los cuales encontró irregularidades en 42. Colocó sellos de suspensión de actividades en 36, como medida precautoria, y en tres casos detectó aumento de precios, todos en tortillerías de Hermosillo. El resto de los negocios a los que personal de la Profeco colocó sellos de suspensión fue por vender kilos incompletos y no exhibir precios, como el caso de los tres negocios sancionados de esta manera en la Ciudad de México.

La Profeco ha recibido 42 denuncias de los consumidores contra tortillerías de Jalisco, Durango, Morelos, estado de México, Michoacán y Ciudad de México, pero sólo en 20 casos fue por incremento de precio y están siendo atendidas, abundó Eduardo Ramos, director de verificación de la dependencia.

La Profeco no ha impuesto multas a ninguna tortillería, aunque pueden variar desde mil hasta 3.9 millones de pesos. Rafael Ochoa y Eduardo Ramos explicaron que la colocación de los sellos representan sólo el comienzo del procedimiento administrativo, tras lo cual los negocios tienen derecho a defenderse y presentar pruebas que justifiquen el aumento de precio.

Ramos indicó que la Profeco también investiga a las grandes comercializadoras de maíz y harina, acusadas por los dueños de tortillerías y molinos de haber incrementado dichos insumos al igualarlos con la cotización del mercado de Chicago. La Profeco, dijo Ramos, hizo un requerimiento de información al respecto a esas grandes empresas y tienen un plazo legal de 15 días para responder.

El año pasado la Profeco verificó en total 5 mil 41 tortillerías y a 10 por ciento, es decir 500, les inició procedimiento administrativo. Hubo 99 suspensiones y las multas que se impusieron al sector ascendieron a 800 mil pesos, refirió Ramos.