Golpizas, violencia sicológica, asfixia, posiciones forzadas y descargas eléctricas son métodos que utilizan policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México contra personas detenidas para obligarlas a dar una declaración o inculparse de algún delito, consta en la recomendación 1/2016 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Pese a las 53 recomendaciones emitidas por el organismo en casos de tortura, en la capital del país continúan los tratos crueles e inhumanos contra ciudadanos, a quienes se vincula con la comisión de ilícitos.

En la primera recomendación del año se documentaron 17 casos que involucran a 27 personas, de las cuales cuatro fueron menores de 18 años, una mujer y una persona con discapacidad sicosocial.

Entre los expedientes se encuentra el de Alejandro Vallejan Lara, quien fue detenido a la medianoche del 1° de octubre de 2009, cuando caminaba por la calle Toledo, en la colonia Juárez, por policías de investigación, quienes argumentaron que dos personas lo señalaron como su cómplice en un secuestro.

Durante su detención lo golpearon con los puños y le propinaron varias patadas en diversas partes del cuerpo. En el traslado le pegaron con la culata de sus armas en los testículos, le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza para asfixiarlo en dos ocasiones y le exigían que dijera lo que había hecho.

Ya en la Fiscalia de investigación al delito de secuestro, lo llevaron a un cuarto oscuro, donde lo siguieron golpeando, lo amenazaron para que dijera que conocía a unos policías del estado de México, pero como se negó, lo cambiaron de cuarto y con las manos esposadas lo colocaron en el piso bocabajo para, con un aparato, aplicarle descargas eléctricas en las nalgas y en los testículos. Por estos hechos, según la investigación, perdió en varias ocasiones el conocimiento.

Otros casos similares se detallan en la investigación, que permitieron a la CDHDF señalar los patrones de las acciones que realizan los elementos de seguridad de la ciudad de México, entre los cuales están: la prexistencia de una detención ilegal o arbitraria, la dilación en la puesta a disposición y la negativa o ineficaz investigación de los casos de tortura, indicó la presidenta del organismo, Perla Gómez Gallardo.

A pesar de que el organismo comprobó que hubo violaciones y tratos crueles, los funcionarios públicos, indicó la ombudsman, no fueron sancionados, como tampoco se consignó a ninguno; no obstante, en 10 casos las víctimas o sus familiares presentaron denuncia. Con ello, consideró, se propicia la impunidad de dicha conducta.

Mientras siga la tortura, expuso la CDHDF, seguirá emitiendo recomendaciones, las cuales en esta ocasión se dirigieron a los titulares de la PGJ, Rodolfo Ríos Garza; SSP, Hiram Almeida Estrada, y de la Consejería Jurídica, Manuel Granados.