El empoderamiento de los grupos de mexicanos en el exterior ha incidido en la mejoría de los esquemas de protección consular de nuestro país.

El subsecretario para América del Norte, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carlos Pérez Verdía Canales, señaló lo anterior en la presentación del libro Protección consular mexicana, del escritor Daniel Hernández Joseph, editado por Porrúa.

El funcionario indicó que es fundamental que nuestro país no se convierta en candil de la calle y oscuridad de su casa en la materia. Ello, dijo, porque mientras se ha trabajado en mejorar los esquemas de protección de connacionales en el extranjero, quienes pasan por México hacia otras naciones carecen de salvaguardas.

Hay deficiencias repetidas en el cuidado de otros ciudadanos que transitan por el territorio mexicano, sostuvo.

Estamos entrando en el escenario en el que la tarea de protección rebasa a la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, porque ahora la sociedad civil y diversas instancias también participan de esta tarea, que es fundamental para los mexicanos que viven en otros países, expuso.

En su obra, Daniel Hernández planteó que la acción consular es una de las actividades más importantes de las relaciones exteriores de México.

Hizo ver que el país acomodó y enfocó su asistencia y actividad consular a la atención de poblaciones vulnerables, expuestas a abusos y discriminación.

Un siglo de experiencia

Indicó que este país ha acumulado más de un siglo de experiencia en esa tarea, sobre todo por sus voluminosas poblaciones migrantes vulnerables. Particularmente por su sui generis concentración de connacionales en un solo país, como es Estados Unidos, resultado de la realidad que le han impuesto a la historia, la demografía y la histografía.

Remarcó la participación de las organizaciones de la sociedad civil, la academia, empresas e instituciones gubernamentales en la protección a los mexicanos en diversas naciones, y aseguró que a estas acciones se han canalizado varios millones de dólares anuales para la contratación directa de servicios de defensoría legal, otros tantos en el apoyo para la repatriación de restos de personas fallecidas, así como para el regreso al país de mexicanos vulnerables.