Morelia, Mich.

La visita del papa Francisco a esta ciudad se da en el contexto de la violencia que no cesa en la entidad y a una semana de que se cumplan tres años del surgimiento de las autodefensas. La víspera, el gobierno federal y el estatal reforzaron la seguridad en torno a la capital, con un operativo que incluye retenes en carreteras y los principales accesos, así como patrullajes en las calles.

Alrededor de la Catedral y de los estadios Morelos y Venustiano Carranza, los puntos del recorrido papal, el Ejército apostó unidades con artillería pesada; infantes de la Marina con armas largas revisaron vehículos, y la participación de la Policía Federal incluye francotiradores. Nada exagerado para una entidad con 15 años de asesinatos, desapariciones forzadas, secuestros y enfrentamientos...

La ciudad amaneció semivacía y así lució a lo largo del día: burócratas y escuelas pararon, al igual que una parte del transporte público. Circulan quejas de que el reparto de boletos para las dos misas de hoy privilegió a los templos con más fieles, a las familias de empresarios y a las universidades que patrocinan el recorrido.

Mientras el doctor José Manuel Mireles difundió una carta al Papa, en la que le pide interceder por nosotros ante los gobernantes para pedir clemencia, amnistía o una justa impartición de justicia, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) distribuyó una misiva abierta al pontífice, en la que afirma que la reforma educativa va en detrimento de los derechos laborales de los maestros y de la misma sociedad. Esta ofensiva tiene que ver con el objetivo estratégico de la clase en el poder de convertir las escuelas públicas de todo México en escuelas privadas, dijo el secretario técnico de la CNTE, Eugenio Rodríguez Cornejo.

Además de la veta religiosa, el recorrido pontifical fue presentado por el gobierno estatal como una oportunidad de negocio para los comerciantes y prestadores de servicios.

Cafeterías y restaurantes del centro histórico permanecerán abiertos y venderán bebidas alcohólicas, porque la ley seca sólo se aplica a las tiendas de abarrotes y centros comerciales. Los propietarios de cafés y hoteles en los portales alquilaron espacios en los balcones frente a la Catedral a quienes deseen tener la mejor vista del arribo del jefe de la Iglesia católica.

En las redes sociales incluso se anunció la renta de un salón frente al edificio del siglo XVIII en 20 mil pesos. Los hoteles triplicaron sus precios y el ayuntamiento pidió a los de paso recibir sólo a familias. Aunque el gobierno del estado calculó la asistencia a Morelia de 1.5 millones de personas –la población de la capital es de 1.1 millones–, el ayuntamiento sólo estima 500 mil.

Más allá de ese escenario, persiste el estado de cosas en Michoacán. Apenas el 11 de febrero el gobernador Silvano Aureoles Conejo declaró la desaparición de las autodefensas, que se organizaron en los municipios de Buenavista Tomatlán y Tepalcatepec ante la presión armada del cártel de Los caballeros templarios, que operaba en Tierra Caliente.

La violencia se deriva de la pugna por los territorios entre grupos del crimen organizado. Recuentos periodísticos locales dan cuenta de al menos 5 mil 500 asesinatos desde 2006, por disputas entre bandas, secuestros, venganzas y lo que el gobierno de Felipe Calderón denominó víctimas colaterales de su guerra contra la delincuencia organizada.

A ello se suma el entorno de pobreza, calculado en 59.2 por ciento de los 3 millones de habitantes en el estado, y que 641 mil padezcan extrema pobreza. La mayor marginación se concentra en las comunidades indígenas, y si bien el índice de desempleo no es como el de otras entidades, esto se debe a la migración.

Cada año 20 mil jóvenes viajan a Estados Unidos, donde viven más de 2.5 millones de michoacanos, que envían anualmente casi 2 mil 300 millones de dólares, según datos de la Secretaría de Finanzas estatal.