La constitución de la Ciudad de México deberá contener una política que permita una recuperación progresiva, pero sostenida, del salario mínimo para lograr un nivel de ingresos suficiente para superar la pobreza, manifestó el presidente del Consejo Económico y Social (CES) de la Ciudad de México, Enrique Provencio Durazo.

Al señalar que ésta será parte de las propuestas que el órgano presentará al grupo encargado de redactar la iniciativa de carta magna local, dijo que si bien en la misma no se puede estipular un salario mínimo distinto al aprobado por el gobierno federal, sí se pueden crear mecanismos complementarios para mejorar esta percepción.

Entre éstos, mencionó impulsar un acuerdo social, sancionado en la Constitución, para mejorar los ingresos de los trabajadores o definir lineamientos para dar cumplimiento desde el ámbito local a tratados internacionales vinculantes, como de la Organización Internacional del Trabajo, que suponen un minisalario superior al que se tiene actualmente en el país, que México está obligado cumplir, como establece la misma Carta Magna nacional.

También, agregó, se debe plantear un régimen laboral que haga más eficaz la regulación, supervisión y cumplimiento de la ley en la materia, así como los derechos sociales.

Explicó que a solicitud de la comisión especial para la reforma política del Distrito Federal, el CES –formado por representantes de sindicatos, organizaciones empresariales, académicos y del gobierno capitalino– presentará propuestas en tres documentos en los rubros de derechos sociales, política económica y coordinación metropolitana.

Para tal efecto, se elaborarán con el apoyo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, los cuales estarán listos en marzo, señaló.

En el primer rubro, explicó en entrevista Provencio Durazo, la idea es sistematizar y ordenar en una política social los programas que ha implementado el gobierno de la ciudad en materia de derecho al agua, al medio ambiente, a la alimentación y la salud, así como la pensión para adulos mayores, que garantice su continuidad, toda vez que en la actualidad se cuenta con un marco legislativo disperso.

En materia económica, señaló que además del tema del salario, las propuestas irán encaminadas a definir un perfil de la economía que requiere la ciudad con una política que propicie la innovación en materia de servicios, generación de empleos de alta calidad, en los términos que marca la Ley de Desarrollo Económico local, aprobada en 2014.

Asimismo, añadió, se deben fijar criterios de participación ciudadana en el diseño de la política económica, específicamente en derechos que se han ganado como el presupuesto participativo, así como avanzar en un esquema de hacienda pública unitaria.

El tercer paquete de propuestas que se presentarán tiene que ver con crear un esquema de política coordinada con la zona metropolitana, como está previsto en el artículo 122 constitucional.