A octubre de 2015, el Sistema Penitenciario Nacional registró 4 mil 476 reos con padecimientos mentales, de los cuales mil 54 han sido declarados inimputables (eximidos de responsabilidad penal por no comprender la ilicitud de un delito) y 3 mil 422 con discapacidad sicosocial. En esa realidad imperan la falta de vigilancia y control de convivencia de los discapacitados sicosociales con el resto de la población interna, la carencia de programas específicos de tratamiento siquiátrico y la inexistencia de expedientes clínicos y seguimiento para evaluar periódicamente su estado procesal.

En un pronunciamiento en torno a la situación de personas con discapacidad sicosocial e inimputables en los centros penitenciarios del país, enviado a la Cámara de Diputados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el ombudsman refiere que la mayoría de estos reos se encuentran en el fuero común.

Añade que de la población detectada con ambos padecimientos, 4 mil 110 son hombres y 366 mujeres. De ellos, 2 mil 746 han sido sentenciados (61 por ciento) y mil 730 (39 por ciento) se encuentran en proceso.

Por lo que hace al gobierno federal, cuenta con una institución especializada, el Centro Federal de Rehabilitación Sicosocial, con capacidad instalada de 450 espacios, que a octubre de 2015 registró un total de 329 internos, de los cuales sólo 67 presentan alguna discapacidad sicosocial o han sido declarados inimputables. Actualmente atiende a internos con otros problemas de salud.

Entre las omisiones gubernamentales, la CNDH refiere la falta de un marco normativo acorde con los estándares internacionales, que permita otorgar ajustes razonables o medidas de compensación jurídica a estos reos, por lo que éstos resultan víctimas de maltrato y discriminación; ausencia de personal especializado para su atención, e inadecuada clasificación, por lo que en ocasiones son ubicados junto a personas con enfermedades infectocontagiosas y en condiciones insalubres.

El texto, firmado por el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, también refiere el desabasto de medicamentos, material de curación y equipo médico para la atención y rehabilitación de internos con discapacidad sicosocial. “Es factible afirmar que en el Sistema Penitenciario Nacional prevalece una persistente violación, principalmente al derecho a la protección de la salud de las personas con discapacidad sicosocial e inimputables, al no existir políticas públicas enfocadas a la prevención, identificación, diagnóstico y tratamiento oportuno, dada su especial condición de vulnerabilidad.

Esto hace evidente que los centros de reclusión penitenciaria no son las instancias adecuadas para proteger y garantizar el respeto a los derechos humanos de esta población.

La CNDH planteó a la Cámara de Diputados y al gobierno federal adoptar las medidas necesarias para que las personas con alguna discapacidad sicosocial sean valoradas y diagnosticadas por profesionales especializados y se integre un expediente médico para que sean atendidas por un siquiatra.