En el Senado avanzan los trabajos para dictaminar la Ley Nacional de Ejecución Penal, con la que se pretende tener mayor control y disminuir los riesgos dentro de los penales del país, así como seguridad para los reclusos y ejercicio de gobernabilidad de la autoridad penitenciaria.

El proyecto de dictamen lleva un avance de 90 por ciento, pero el enfrentamiento reciente en Topo Chico obliga a acelerar los trabajos, a fin de que se apruebe en este periodo de sesiones, sostuvo la presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, Cristina Díaz.

La legisladora priísta comentó que no ha sido fácil el trabajo, dado lo delicado de la regulación, y luego de dos años sólo hay un punto en el que no se ga alcanzado acuerdo. Confió en que éste se resuelva en las próximas semanas.

Díaz detalló que en conjunto con las comisiones de Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos, se trabaja desde 2013 en la nueva legislación, encaminada a modernizar el sistema carcelario. Ésta busca, dijo, definir condiciones homogéneas para todos los centros del país, independientemente de su jurisdicción federal o estatal.

Resaltó que la ley está sustentada en los principios de respeto a los derechos humanos y el compromiso es dotar de este instrumento jurídico al Estado en el periodo de sesiones recién iniciado. Recordó que el plazo para que el Congreso la apruebe vence en junio.

Por su parte, la perredista Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, coincidió en la urgencia de que las fuerzas políticas lleguen a un acuerdo, a fin de tener el marco legal necesario para enfrentar la severa crisis en que se encuentra el sistema penitenciario. Expuso que de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 60 por ciento de los reclusorios del país enfrentan una situación similar a la de Topo Chico y pueden suscitarse otras tragedias.

De la Peña comentó que la nueva ley debe partir del principio constitucional de buscar la reinserción social de los reos. Para ello se requiere, dijo, la protección judicial; crear tribunales de ejecución penal con jurisdicción sobre las autoridades encargadas del sistema penitenciario, ahora en crisis y bajo el dominio del crimen organizado.

La senadora perredista detalló que el punto de desacuerdo con el gobierno es el Órgano Desconcentrado de Readaptación Social, encargado de garantizar que la autoridad tenga el control de los reclusorios. No se puede cerrar la puerta, insistió, a una supervisión respetuosa, coadyuvante, que efectivamente transparente la actuación de los funcionarios penitenciarios.