En octubre de 2007, el entonces titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan Elvira Quesada, aseguró ante diputados que estaban en revisión todas y cada una de las autorizaciones que había otorgado Ricardo Juárez Palacios, director de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira) de la dependencia, pero los resultados se desconocen.

Juárez Palacios fue quien dio el permiso a Fonatur para un malecón en laguna Tajamar, Quintana Roo. Durante seis años autorizó alrededor de 3 mil proyectos. Fue investigado por el órgano interno de control de la Semarnat y la Secretaría de la Función Pública por la entrega de al menos 70 permisos e inhabilitado en 2008 por un año.

En 2005 y 2006 otorgó a Fonatur el aval de la manifestación de impacto ambiental y el cambio de uso de suelo de mangle para el citado proyecto.

Elvira Quesada, en una comparecencia ante legisladores, sostuvo que se analizaban proyectos controversiales que había avalado Juárez Palacios.

Entre los que en esa ocasión le expusieron diputados al funcionario estuvieron el permiso para la construcción de departamentos Grand Island, a un lado de la laguna Nichupté, en Cancún; la autorización del proyecto Costa Cancún, que preveía la destrucción de 377 hectáreas de manglar destinadas a la conservación de la vida silvestre; el aval para la terminal de gas natural licuado de la empresa Chevron Texaco cerca de las islas Coronado, cancelado después por la empresa, y permisos ambientales del delfinario en el club recreativo de Playa Palancar, en Cozumel, Quintana Roo.

Juárez Palacios estuvo al frente de la Dgira de junio de 2001 a julio de 2007, donde evaluó y resolvió alrededor de 3 mil 800 proyectos de inversión de diversos sectores desde cambios de uso de suelo forestal, urbanos, eléctricos, gaseros, petroleros, turísticos, vías de comunicación, confinamientos de residuos peligrosos, mineros, pesqueros, entre otros. De ellos, aprobó 3 mil 40, de acuerdo con el currículo que aparece en la página de Internet del Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales.

Incluso Elvira Quesada, meses antes de esa comparencia, se había comprometido con los legisladores a revisar las autorizaciones emitidas por la Dgira y revisar in situ las consecuencias que habían dejado.

En esa ocasión, la entonces diputada del PRD Aleida Alavez dijo que la destitución del biólogo Juárez nos otorga la razón en torno a la conducta criminal, negligente y ejemplarmente corrupta que exhibió el funcionario durante su gestión. Sin embargo, la enorme estela de desastre ambiental no se diluye con el simple rodar de una cabeza. Las terribles consecuencias de las autorizaciones emitidas por el funcionario están a la vista de todos sin que la dependencia haya emprendido acción alguna para enmendarlas.

En el caso del malecón Tajamar, la Dgira, a cargo de Juárez Palacios, dio el permiso con base en información falsa e imprecisa respecto de las características y condiciones físicas y biológicas reales del predio, descartando la existencia de un humedal costero, la población real de manglar, y demás biodiversidad, de acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental.