Las reformas constitucionales y legales en materia de extinción de dominio, a fin de que el Estado no sólo pueda quedarse con bienes de narcotraficantes, sino también de propiedades de funcionarios públicos conseguidas a través de actos de corrupción, y de particulares que no acrediten su origen lícito, son fundamentales para lograr debilitar la estructura del crimen organizado, argumentó la Procuraduría General de la República (PGR) en un documento entregado a senadores de PRI y PVEM.

Durante la sesión plenaria de los grupos parlamentarios priístas y del Verde –el pasado jueves– la titular de la PGR, Arely Gómez, pidió a los legisladores aprobar esas reformas que elaboró conjuntamente con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En un escrito, la PGR detalló que la propuesta modifica a fondo la figura de extinción de dominio, a fin de homologar el delito en todo el país y endurecer la normatividad, para que los capos de la droga y los servidores públicos corruptos pierdan la propiedad de los bienes producto de acciones ilícitas.

De esa forma, se propone reformar la fracción segunda del artículo 22 constitucional, para hacer sujetos de la extinción de dominio –y que los bienes pasen a poder del Estado– aquellos que representen un incremento patrimonial injustificado de los servidores públicos, particulares y personas jurídicas, cuando éstos no acrediten su origen lícito.

Ello representa una acción adicional contra la corrupción, en un contexto en el que el fenómeno delictivo ha logrado penetrar diversos ámbitos de la sociedad y el Estado debe ser implacable con los servidores públicos que se dejan corromper, pero también debe ofrecer herramientas y protección para aquellos que cumplen con sus responsabilidades.

Se resalta que el año pasado se aprobó una reforma a la Carta Magna en materia de combate a la corrupción –publicada en el Diario Oficial de la Federación en mayo de 2015– por la que se incluye el enriquecimiento ilícito como uno de los casos en los que procede la figura de extinción de dominio.

En el anteproyecto de reforma elaborado por la PGR y la Sedena se avanza en ese sentido, ya que la intención es contar con un marco normativo que permita golpear las finanzas de los grupos criminales.

En ese sentido, detalla el documento, la propuesta de modificación del artículo 22 constitucional incluye que la extinción de dominio no solamente proceda por aquellos bienes que de forma directa sean instrumento, objeto o producto de una actividad ilícita, sino que también sea considerada la pérdida de la propiedad.

Igualmente, se propone suprimir de la fracción II del artículo 22 de la Constitución el catálogo que describe los delitos en los que será procedente la extinción de dominio, con lo que se permitirá la homologación de la normativa tanto a nivel federal como local.

La iniciativa incluye además un paquete de modificaciones a la Ley Federal de Extinción de Dominio, con el objeto de reforzar las herramientas del Ministerio Público para combatir el delito.

Se sostiene que se trata de una reforma con sentido humano, ya que establece que los recursos económicos derivados de las acciones de extinción de dominio puedan destinarse para el pago preferente de la reparación del daño causado a víctimas del delito.

Asimismo, se insiste en que que la reforma a la figura de extinción de dominio es una herramienta que la PGR requiere para debilitar la estructura financiera de los cárteles de la droga.

Durante su reunión con los legisladores la titular de la PGR no precisó cuándo se hará llegar al Congreso la iniciativa, pero los priístas la incluyeron como la segunda en importancia dentro de la agenda que acordaron para el periodo de sesiones por iniciar.