Organizaciones no gubernamentales mexicanas y extranjeras defensoras de los derechos de los migrantes enviaron una carta al presidente Enrique Peña Nieto, así como a la Procuraduría General de la República (PGR) en la que solicitan que se transparente la designación del titular de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, cargo actualmente vacante, a efecto de que haya retroalimentación y participación de la sociedad en el proceso del nombramiento.

Las organizaciones subrayan la importancia del procedimiento, en virtud de que el funcionario será responsable de instrumentar las nuevas disposiciones aprobadas para otorgar mejores condiciones jurídicas –que incluyen mecanismos de apoyo desde el exterior a los migrantes– para cuando se investiguen delitos contra personas indocumentadas.

Con ello, agregan, se permitirá a las víctimas migrantes y a sus familias el acceso a la justicia, incluso desde sus países de origen.

En el documento, firmado por más de 200 organizaciones de defensa de derechos humanos, se subraya la importancia que tendrá ahora la posibilidad de que, desde su país de origen, se pueda llevar a cabo la coadyuvancia para participar y dar seguimiento a las investigaciones de los crímenes contra migrantes en México.

Para tal efecto, recuerdan, en las nuevas disposiciones se indica que se usarán las instalaciones de las embajadas mexicanas con el apoyo de la agregaduría de la Procuraduría General de la República (PGR).

En la carta se menciona que esto deriva de un acuerdo conjunto construido entre la sociedad civil y la PGR, en la que se estipulan las condiciones y requisitos para quien vaya a ocupar el cargo. Entre otros, debe tener experiencia acreditada en materias relacionadas con esta unidad, en especial en materia de garantías individuales, atención a víctimas y derechos de los migrantes.