ieciséis meses después el gobierno mexicano sigue enredado entre derrocadas verdades históricas, manoseos procesales y operativos finalmente infructuosos o cuando menos insuficientes, y una creciente percepción de que tanta impericia y tanta incapacidad (siendo, ciertamente, signos de los tiempos institucionales en curso) en realidad pretenden ocultar lo que realmente sucedió en la zona de Iguala con 43 jóvenes que siguen desaparecidos.

El paso del tiempo y una sostenida campaña de desacreditación han hecho que sean pocos quienes ahora salen a las calles a exigir justicia y verdad para los normalistas ausentes, pero aun así el peso y la densidad de los hechos, y la evidencia del esfuerzo gubernamental por mantener una opacidad criminal sobre ellos, mantiene el tema de los estudiantes de Ayotzinapa como uno de los principales agravios de la larga lista de los que han sido cometidos en lo que va de este sexenio nefasto por los gobiernos en sus distintos niveles, pero principalmente el federal. La marcha de ayer, en la capital del país, dio cuenta de esa memoria persistente, del reclamo que no puede ser acallado.

En ese contexto, vale mencionar la sucia agresión mediática que se ha desatado contra algunos de los integrantes del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes que por acuerdo de Los Pinos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con los familiares de los 43 realizan una investigación independiente. Esa embestida, sincronizada y con mucha resonancia en ciertos medios oficialistas, pretende restar legitimidad al ejercicio de tales expertos, creando las condiciones para que el gobierno mexicano se resista a sostener dicho acuerdo e incluso poniendo en riesgo físico a los investigadores extranjeros.

Uno de los motivos de esa intención de descalificar proviene del hecho de que los expertos independientes se obstinan en entrevistar directamente u obtener respuestas directas de miembros del Ejército que estuvieron en Iguala aquella noche trágica. Para esos investigadores resulta clave contar con testimonios libres y sin presión de los superiores respecto de lo que presenciaron o conocieron. Frente a esa solicitud se ha construido un muro de formalidades. Tales militares han sido interrogados formalmente sin la presencia de los mencionados expertos y con ello se ha dado por cerrado ese tramo procesal, siempre con el señalamiento de la administración peñista, haciendo eco de la postura del titular de la Sedena, de que los soldados mexicanos no pueden ni deben ser interrogados por extranjeros.

A dieciséis meses de la tragedia, no hay respuestas claras ni convincentes, con un centenar de procesados sin consignación alguna, y una evidente intención oficial de nunca llegar a la verdad. No son, por desgracia, los únicos mexicanos que sufren de tales desapariciones forzadas (ahí está el caso de los cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz). Así está México, el país del horror cotidiano.

El Partido Acción Nacional cree que en Tamaulipas la presión del crimen organizado para postular, condicionar o vetar candidatos es menor que en 2010, de tal manera que ahora decidió hacer candidato a gobernador a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien seis años atrás había preferido resguardar de algún ataque de narcotraficantes y, por tanto, el comité nacional panista lo hizo preventivamente a un lado y designó directamente a José Julián Sacramento Garza, quien fue arrollado por Egidio Torre Cantú, suplente de última hora a su hermano Rodolfo, quien fue asesinado en una relampagueante operación realizada por manos expertas cuatro días antes de los comicios locales.

El optimismo de los panistas no tiene fundamento. A lo largo de casi seis años, el gobierno (es un decir) del estado norteño se ha movido conforme a los intereses y designios de los cárteles regionales (el del Golfo, los Zetas y sus múltiples y constantes divisiones y reconversiones), con la élite política y empresarial dedicada a hacer negocios con pragmatismo absoluto. El hermano Egidio se ha mantenido bajo blindaje permanente, avisado y temeroso de que la suerte que lo llevó al cargo (el asesinato de Rodolfo, nunca esclarecido, aunque suele adjudicársele a Jorge Eduardo Costilla, alias El Coss) pudiera repetirse en su contra. En el ámbito del entonces gobernador, Eugenio Hernández, se vio con recelo el interés del entonces ocupante de Los Pinos, Felipe Calderón, en promover la posposición de las elecciones e incluso en esos círculos priístas había especulación insistente respecto de quiénes tendrían el entrenamiento adecuado para realizar esa ejecución tan diestra.

El propio García Cabeza de Vaca ha sido atacado violentamente en su camioneta años atrás, siempre entre acusaciones sin comprobar respecto de móviles oscuros. El ahora virtual candidato, actualmente senador, deberá enfrentar a un PRI que nunca ha perdido allí la gubernatura y que suele fabricarse triunfos a cualquier costo. En la baraja priísta destacan Marco Antonio Bernal, miembro del primer círculo de Manlio Fabio Beltrones, y, sobre todo, Baltazar Hinojosa, presidente de la comisión de presupuesto en la cámara federal de diputados, apoyado por el vicepresidente económico, Luis Videgaray, aunque afectado (o incentivado, según se quiera ver) por su presunto parentesco (primo segundo, se menciona) con Juan Armando Hinojosa Cantú, el dueño de Higa, la empresa marcadamente beneficiada por el peñismo en el estado de México y en Los Pinos.

Y, mientras en Puebla no hubo margen para renegociaciones y el PRD confirmó que no va en alianza con Rafael Moreno Valle, cuyas aspiraciones presidenciales por el PAN requieren que imponga un sucesor estatal a modo, ¡hasta mañana, con más señalamientos contra OHL México por tratos preferenciales y sospecha de corrupción (ahora se han publicado versiones de sugerencias del director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien fue miembro del consejo de administración de OHL México hasta agosto de 2012, para maniobras con otra firma española que permitieran mejor posicionamiento para ganar una licitación)!

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