n una conferencia pronunciada ayer por el director general de OHL México, Sergio Hidalgo Monroy, se informó que los fondos de pensiones que administran los recursos para la jubilación de los trabajadores mexicanos fueron afectados por el escándalo de corrupción que enfrenta esa constructora, cuyas acciones acusan caída de 40 por ciento en su valor.

Las declaraciones se dan en el contexto de una política de control de daños con base en la cual la constructora de origen ibérico ha buscado lavar su imagen pública, severamente afectada a raíz de la difusión de conversaciones entre funcionarios de la empresa y del gobierno mexiquense que documentan presuntos actos de corrupción en la asignación de contrados.

Es sintomático, para empezar, que OHL atribuya la caída de sus acciones al escándalo ocasionado por la difusión de sus malas prácticas empresariales, y no a estas últimas. Ello revela la prevalencia, entre la clase política y económica dominante en el país, de una mentalidad distorsionada que consiste en culpar al mensajero cuando se ven envueltos en escándalos como el comentado, en lugar de atender las determinantes de los mismos: en este caso, la corrupción, la opacidad y el conflicto de intereses.

Por otra parte, la afirmación de que la caída de las acciones de OHL afectó los fondos de jubilaciones de los trabajadores es un nuevo factor de alarma respecto del riesgo que implica el actual modelo de pensiones. Como se ha insistido muchas veces en este espacio, los ejercicios de inversión que realizan las administradoras de fondos para el retiro en diversos instrumentos financieros constituyen un mecanismo perverso que beneficia a inversionistas y particulares –en la medida en que financia sus ganancias y su deuda– sin reportar un beneficio similar para los ahorradores.

Antes al contrario, éstos son los que, a final de cuentas, terminan asumiendo el riesgo y el costo de los descalabros que recurrentemente se presentan en los mercados financieros.

Acaso el rasgo más impresentable de este modelo es que las y los trabajadores no son consultados en momento alguno sobre el manejo que las Afore hacen de sus fondos de pensión, lo que los coloca en un estado de ignorancia, asimetría e indefensión frente a los intereses que lucran con su patrimonio.

Cabe preguntarse si alguno de los ahorradores que cuyos fondos de pensión fueron afectados en su rentabilidad a consecuencia del escándalo de OHL habría aceptado, voluntaria y conscientemente, invertir sus recursos en acciones de esa empresa.

Los fondos de pensiones del país actualmente representan una porción considerable del PIB nacional y tienen, por tanto, una importancia primordial para la estabilidad macroeconómica.Que ese patrimonio sea vulnerable a consecuencia de malas prácticas corporativas, como las que se atribuyen a OHL, tendría que obligar a las autoridades a revisar y modificar la normativa que permite que las Afores apuesten en forma descontrolada y riesgosa con los recursos de los ahorradores.

Es lo menos que puede exigirse a un Estado que desde hace tiempo renunció a garantizar, por sí mismo, el futuro de sus trabajadores.