Chihuahua, Chih.

La tortura y las desapariciones forzadas están vigentes en Chihuahua, indicó José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), al presentar el informe de ese organismo ante el Congreso local.

Debido a la alta incidencia de desapariciones en la entidad desde 2007, cuando se inició la llamada guerra del gobierno federal contra el narcotráfico, el ombudsman destacó la necesidad de crear un registro público de víctimas de desaparición en la entidad, propuesta que reiteró por segundo año consecutivo, sin que la Fiscalía General del Estado (FGE) la haya tomado en cuenta.

Armendáriz reconoció que aun cuando el delito de desaparición persiste, el grueso de las más de mil 500 desapariciones ocurrió durante la Operación Conjunta Chihuahua, de 2007 a 2010.

Los municipios con mayor incidencia fueron los ubicados en la región fronteriza (Ciudad Juárez, Ascensión, Nuevo Casas Grandes, Buenaventura, Guadalupe Distrito Bravos) y Ciudad Cuauhtémoc, en el noroeste, donde hay más de 350 personas reportadas.

En cuanto al delito de tortura, el presidente de la CEDH subrayó en su análisis anual que de las 32 recomendaciones emitidas en 2015 a las autoridades municipales y estatales, 11 se refieren a tortura cometida por agentes de seguridad pública, principalmente de la Policía Única Estatal.

Por la comisión de probables delitos de tortura, lesiones, amenazas, incomunicación y otros que atentan contra la integridad de las personas, la CEDH emitió en ese año 11 recomendaciones a la FGE.

Por otra parte, el ombudsman señaló que 24 de los 67 gobiernos municipales han sido omisos en nombrar representantes de grupos étnicos en los órganos administrativos y colegiados de gobierno para atender a la población indígena, principalmente en municipios con grandes zonas urbanas, entre ellas la capital de Chihuahua y Ciudad Juárez, donde existen asentamientos de etnias originarias de esta entidad y del resto del país.