El consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) consideró que las autoridades capitalinas deben revisar la privatización de la aplicación de las fotomultas y su sanciones, pues eso responde más a actividades de mercado que a la función del Estado.

En un pronunciamiento hecho público ayer, el máximo órgano normativo de esa institución expresó su preocupación ante la falta de claridad que hay en varios puntos del Reglamento de Tránsito que pudieran constituir posibles violaciones a las garantías individuales de las personas que habitan y transitan por la ciudad de México.

En cinco puntos, el consejo de la CDHDF afirmó que los capitalinos no han recibido información suficiente respecto de los criterios técnicos considerados por la autoridad para determinar los límites de velocidad en las vialidades del Distrito Federal o qué certeza hay de que el equipo tecnológico utilizado para aplicar las fotomultas no falló al momento de reportar que se superaron esos límites.

De igual manera, esa instancia señaló que tampoco hay claridad en cuanto a las bases sobre las cuales se fijó el porcentaje de recaudación de las multas que se entrega a la empresa Autotraffic –responsable de operar los equipos tecnológicos que detectan las infracciones a la norma vial– y mucho menos en cuanto a los elementos que se tomaron en cuenta para decidir la ubicación de los radares y las cámaras para las fotomultas.

Otro punto es la falta de un procedimiento claro de la recepción de la multa por el automovilista, y las medidas para garantizar que no se afecte el derecho a la imagen de quienes son captados violando el reglamento.

Sobre el tema, Esthela Damián y Benjamín Cárdenas, integrantes de la Comisión Operativa del partido Movimiento Ciudadano en el Distrito Federal, cuestionaron la opacidad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) local, la cual ha dado largas a solicitudes de datos que se le hicieron vía la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Señalaron que desde el 21 de enero debió responder dos peticiones hechas en diciembre pasado relacionadas con las fotomultas: el contrato firmado con Autotraffic y su acta constitutiva, así como la copia de las actas de las sesiones celebradas por el consejo asesor de Ciencia y Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, que tiene entre sus tareas revisar lo relativo a todos los aparatos tecnológicos que use la SSP para realizar sus funciones.