La iniciativa de ley general contra la desaparición forzada fue enviada tarde y mal por el presidente Enrique Peña Nieto al Senado, además de que en esta tardanza contó con la complacencia del Legislativo, que dejó de hacer su trabajo, señalaron participantes en un foro sobre el tema.

En el foro Desaparición forzada de personas, la ley que falta, representantes de diversas organizaciones de derechos humanos, académicos y expertos, así como familiares de víctimas afirmaron que el primer paso es tomar conciencia de la gravedad del problema que vive el país, el cual adquiere ya tintes de carácter humanitario, dado el creciente número de personas que se ven afectadas.

En una larga lista de cuestionamientos, los participantes de la sociedad civil criticaron la tardanza para la discusión y eventual aprobación de dicha ley, la cual, en caso de aprobarse en este periodo legislativo de febrero-abril, no tendrá los recursos económicos suficientes para su implementación sino hasta el próximo año.

Organizado por la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, en el foro se cuestionó que la iniciativa presidencial –enviada al Senado el pasado 10 de diciembre, apenas cinco días antes de que concluyera el periodo ordinario de sesiones– no retome muchos de los planteamientos presentados por las familiares de las víctimas.

En diversas mesas de trabajo, varios de los ponentes señalaron la urgencia de realizar las transformaciones estructurales a fin de contrarrestar el patrón general y sistemático que priva en el país, que es de graves violaciones a los derechos humanos, impunidad y falta de acceso a la justicia. Advirtieron que la iniciativa presenta graves fallas que podrían prácticamente hacerla inoperante.

Carlos Karim Zazueta, investigador de Amnistía Internacional México, dijo que a pesar de que la iniciativa presenta avances importantes, todavía tiene muchos puntos que están por debajo de los estándares internacionales. Existen muchos detalles que podrían hacer que la ley no funcione, dijo.

Michel Chamberlain, subdirector del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, señaló que a pesar de que esta ley debiera tener una altísima prioridad, dada la dimensión del problema, no hay recursos ni personal suficiente para que opere.

Comentó que unidades de investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) tienen apenas 25 agentes del Ministerio Público, cada uno con más de 40 casos, notoriamente insuficientes para un país donde se estima en más de 26 mil el número de desapariciones. No se tiene idea de las fosas clandestinas, pero ni siquiera podemos identificar los cuerpos que hay en las fosas comunes, destacó.

Héctor Cerezo, de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, presentó una lista de 15 observaciones sobre fallas en la iniciativa presidencial, como el hecho de eludir la responsabilidad de las fuerzas armadas en los casos de desaparición forzada, así como la enorme impunidad.

Jesús Zambrano, presidente la mesa directiva de la Cámara de Diputados, llamó a todas las comisiones involucradas en dictaminar dicha ley a colocar este tema dentro de los primeros temas a resolver en el periodo ordinario que se inicia el primero de febrero.