La sentencia de dos años seis meses de prisión en contra de Bryan Reyes Rodríguez –acusado de los delitos de daño a la propiedad y ataques a la paz–, quien fue detenido el primero de diciembre de 2012 en el contexto de las manifestaciones que se realizaron en la ciudad de México, debe quedar sin efecto, ya que no fue tomada en cuenta la denuncia que éste presentó por actos de tortura a manos de los policías capitalinos que lo detuvieron el día de los hechos.

El proyecto de dictamen que revisará la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) este miércoles propone amparar al joven para que un tribunal colegiado emita una nueva sentencia y ordene investigar si efectivamente fue desnudado, sufrió descargas eléctricas y golpes de parte de los uniformados, y como consecuencia de este estudio se determine si fueron violados los derechos humanos del acusado en el proceso penal en su contra, y en ese caso se actúe legalmente contra los responsables.

El documento, elaborado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena critica al tribunal colegiado por omitir en sus consideraciones los señalamientos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que acreditó que el acusado fue torturado, con el argumento de que dicha recomendación no es vinculante.

Por otra parte, Gutiérrez Ortiz Mena en su proyecto niega el amparo al quejoso en contra del artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, al considerar que la norma que contempla como ilícito los ataques a la paz pública es constitucional.

El magistrado cuestiona que el tribunal colegiado omitiera dar vista al Ministerio Público sobre la denuncia de tortura, y le ordena que aplique el Protocolo de Estambul para determinar si hubo o no tal delito. Tampoco siguió los lineamientos constitucionales que contemplan la tortura como una violación a los derechos humanos en el proceso penal, máxime cuando esto fue denunciado desde el inicio del procesol, subraya el documento.

El ministro propone revocar la sentencia de dos años seis meses de prisión y devolver el expediente al tribunal colegiado para que dicte nueva resolución en la que se lleve a cabo el estudio en materia de tortura.

Señala que deberán omitirse las pruebas en contra del acusado que tengan relación con la investigación, en especial si coinciden con la demostración de violaciones a derechos humanos en la primera fase del procedimiento penal, además de que, de ser el caso, remita el asunto al Ministerio Público para que inicie una investigación por el delito de tortura en agravio de Reyes Rodríguez.