Buenos Aires.

El presidente argentino, el derechista Mauricio Macri, no recibirá a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos que solicitaron una reunión desde el pasado 8 de enero, en momentos en que se acentúan los despidos en el área de justicia y derechos humanos, y se denuncia que Pablo Noceti, nuevo jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, que dirige Patricia Bullrich, está ligado a la pasada dictadura militar (1976-1983).

Nocetti fue socio del abogado defensor del dictador Leopoldo Galtieri durante el juicio a las juntas que impulsó el ex presidente Raúl Alfonsín (1985). Además dijo que los juicios a los responsables de delitos de lesa humanidad durante la pasada dictadura eran una manipulación del Poder Judicial orquestada desde el poder político de turno, y cuestionó la decisión de varios jueces federales -que en 2005 ratificó la Corte Suprema- de declarar imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. Para Noceti, la ley del Congreso que declaró la nulidad de la obediencia debida y el punto final debería avergonzar a todos los juristas serios de la república.

También los organismos de derechos humanos denunciaron que ex militares y ex policías de la dictadura son incorporados a la Agencia Federal de Inteligencia, en momentos en que el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel advirtió que el desempleo y la persecución políticos unidos al decreto de emergencia de seguridad son un indicio amenazante.

Entre fines de noviembre y diciembre hubo 30 mil bajas de obreros registrados en el gremio de la construcción, sobre una plantilla de 430 mil, alertó el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Juan Chediack. Explicó que esta situación se produjo porque el Estado frenó los pagos a contratistas de obras públicas. La transición nos está costando mucho; la situación es muy grave, dijo.

Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo –que han denunciado que miles de despidos y cualquier tipo de persecución política violentan los derechos humanos y de los pueblo- habían pedido una reunión con Macri pero el mandatario se negó a recibirlas.

Mediante una carta dijo que no puede recibirnos, adujo no tener tiempo por actividades múltiples, nos derivó con Marcos Peña (jefe de gabinete) afirmó Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Taty Almeida, de Madres-Línea Fundadora, sostuvo que Macri tiene tiempo para recibir a muchísima gente pero a nosotros no. No le ha llegado el momento de contestarnos cuál va a ser la política de Estado en materia de derechos humanos, parecería que no la tiene clara, indicó al periódico Tiempo Argentino.

Los organismos humanitarios podrían reunirse con Peña este miércoles, pero de hecho la situación es tensa, en momentos que desde algunos países hay varias demandas por lo actuado hasta ahora en derechos humanos por el gobierno de Macri.

Cientos de despidos de trabajadores de derechos humanos

En este marco, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, ya despidió a 500 trabajadores, entre ellos integrantes del Programa de Verdad y Justicia. También una cantidad de trabajadores del Centro Clandestino de Detención de la Escuela de la Armada (Esma) y otros similares.

Estamos viviendo momentos muy duros, inquietantes, vemos muchas conductas agresivas que se nos van incorporando a lo cotidiano. Todo nos está dejando un sabor de un autoritarismo terrible que desprecia al pueblo, resaltó Estela de Carlotto.

Representantes del Parlamento Europeo enviaron un mensaje al mandatario argentino por la detención de la dirigente social Milagro Sala, del Movimiento Tupac Amaru, y diputada del Parlamento del Mercado Común del Sur, al advertir que la decisión judicial tomada contra Sala implica una clara violación de los derechos humanos en Argentina.

Los europarlamentarios aseveraron que el “abogado del estado provincial Dr. Mariano Miranda declaró que ‘mientras se mantenga la comisión del delito, es decir el acampe, se mantendrá la detención’, lo que significa una extorsión a los movimientos sociales que tienen derecho a manifestarse hasta que se obtenga una solución real al conflicto. Además cabe destacar que el gobierno de Jujuy no pudo probar un solo desmán sucedido en 34 días de acampada”, dice el texto firmado por parlamentarios de España, Reino Unido, Bélgica, Finlandia, Alemania, Eslovenia, Suecia, Irlanda, Portugal y Grecia y enviada Macri y al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

También otros organismos se hicieron eco del decreto que el pasado miércoles despidió al presidente del Archivo Nacional de la Memoria, el nieto recuperado Horacio Pietragalla.

De Carlotto advirtió que en ese archivo se guardan documentos sensibles que sirven para el juzgamiento de los responsables de los crímenes que perpetró la dictadura. De hecho Pietragalla había sugerido que el sucesor de su cargo fuera elegido por las instituciones de derechos humanos, pero su petición fue omitida por el gobierno. En su lugar se designó a Gustavo Luis Jesús Peters Castro, un funcionario del gobernante PRO de la municipalidad de Buenos Aires, quien asumió el viernes pasado.

Analistas resaltaron que es la primera vez en 30 años de democracia que un presidente se niega a recibir a los referentes de la lucha por los derechos humanos ¿Volverán a tener las puertas cerradas de la Casa Rosada después de 12 años de política activa?, se preguntan.

Sobre este terreno el Acuerdo de Seguridad Democrática y el Grupo Convergencia advirtieron que la emergencia en seguridad decretada por el gobierno nacional pone en marcha medidas que profundizan las peores tendencias en materia de políticas de seguridad, y que para dar respuesta a demandas sociales legítimas, otra vez se realizan anuncios efectistas pero ineficaces, con el agravante de que en esta oportunidad la escalada punitiva llega a habilitar una pena de muerte encubierta.