A partir de mayo, cuando se cumplan los plazos legales para instrumentar la reforma en transparencia, las responsabilidades de los organismos garantes para hacerla valer, al igual que el acceso a la información en cada entidad, crecerán sustancialmente; sin embargo, en 2016 enfrentan insuficiencias presupuestales e incluso en algunos casos, asfixia financiera.

Comprometidos en el discurso, los gobernadores no lo concretaron en las partidas presupuestales que ejercerán este año; incluso, en algunos casos las redujeron.

Riesgosa falta de recursos

Josefina Román, presidenta del Instituto de Transparencia del estado de México y coordinadora de los organismos ante el Sistema Nacional de Transparencia, advierte que en algunas entidades las restricciones podrían poner en riesgo la viabilidad de la reforma constitucional.

Un incremento sustancial de los sujetos obligados y la verificación de más información que tendrán, como obligaciones de transparencia e inclusión de sindicatos, partidos y fideicomisos, forman parte de las tareas de los organismos.

De acuerdo con el seguimiento del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) –cabeza de la instrumentación de la reforma– a la evolución presupuestal, tras sus infructuosas gestiones para que la Federación aportara 200 millones de pesos para impulsar la transparencia estatal, destaca que Tabasco redujo 10 por ciento los montos financieros al organismo garante y Sonora 2 por ciento. En tanto, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Guanajuato, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz preservaron sus recursos, a pesar de las nuevas obligaciones.

Para el comisionado del Inai Óscar Guerra, aunque el saldo ha sido positivo, es insuficiente, pues en las dos terceras partes de los organismos garantes hubo incrementos que en algunos casos fueron realmente sustanciales, como: Aguascalientes, 91 por ciento de aumento (de 11 a 21 millones de pesos); 100 por ciento en Michoacán (de 9 a 19); 76 por ciento en Nayarit (de 4.5 a 7.5); 31 por ciento en Zacatecas; 29 por ciento en Coahuila, y 28 por ciento en Chihuahua.

Entre 2014 y 2015, cuando a escala federal se operó el cambio que dio paso al Inai, éste recibió un aumento de 47 por ciento a su presupuesto. Sin embargo, a diferencia del plano federal, las dimensiones del escaso interés de los gobiernos estatales por la transparencia se reflejan en el porcentaje que las partidas representan en el total de los presupuestos.

Los casos más críticos son: Hidalgo, Chiapas, Guerrero y Puebla, que sólo asignaron 0.02 por ciento a los organismos garantes, en tanto, Quintana Roo entregó 0.11 por ciento.

Para Guerra, fortalecer el financiamiento de los órganos garantes permitirá hacer valer la reforma en cada entidad. Tan sólo en el Portal de Obligaciones de Transparencia de los sujetos obligados –que esos institutos deberán supervisar–, éstos pasan de 25 a 122 en total, de las cuales 48 son genéricas (todos los sujetos obligados deberán cumplir) y el resto son específicas.

Deberán procesarse las denuncias que ciudadanos pueden interponer para inconformarse con el cumplimiento de estas disposiciones; se reducen los plazos de respuesta a solicitudes de acceso a la información, entre otras innovaciones que implicarán a los institutos tener mayor infraestructura y personal para atenderlas.

Apenas para cubrir la nómina

Josefina Román va más allá de lo anterior y alerta sobre la agenda legislativa que recargará las obligaciones de los organismos garantes. Si ya existen restricciones para instrumentar la Ley General de Transparencia, en breve, el Congreso aprobará las leyes generales de Protección de Datos Personales y de Archivos, lo que implicará mayores cargas presupuestales.

En el diagnóstico de los Organismos Garantes hay partidas muy reducidas: Colima tiene asignados 6.3 millones de pesos y Baja California Sur, 6.7.

Con esos montos, señala Román, apenas se tiene para enfrentar los gastos de la nómina, y muy difícilmente tendrán sobrantes para invertir en equipos tecnológicos para operar en la Plataforma Nacional de Transparencia y afrontar los gastos derivados del incremento de facultades que tendrán a partir de mayo.

Para Guerra, ante las adversas condiciones económicas que impidieron que, por ejemplo, se aprobara la partida federal dirigida a los organismos garantes que promovió el Inai, se deben buscar alternativas de financiamiento de organismos internacionales, como el Banco Mundial, que está interesado en promover la transparencia.