e supone que la señora Claudia Ruiz Massieu, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sabe de la discriminación que padecen las mujeres en Arabia Saudita. De igual forma, la señora Angélica Rivera, quien acompañó a su esposo en la visita que éste hizo a dicho país, sabe que es el único donde se prohíbe a las mujeres conducir un coche. La pena por hacerlo: cárcel y hasta 10 latigazos. Que están proscritas las salas de cine para evitar que coincidan en ellas mujeres y hombres y cometan acciones sólo permitidas dentro del matrimonio. Como besarse. Igualmente se prohíbe la música en escuelas y sitios públicos.

Seguramente han leído que las mujeres sólo pueden trabajar en ciertas actividades, como maestras y en el campo de la medicina. Más recientemente, en las tiendas que venden ropa y otras prendas femeninas. La gimnasia y demás actividades deportivas… asunto masculino. Dos mujeres sauditas participaron por primera vez en los Juegos Olímpicos: en 2012 en Londres. Es posible que algunas compitan este año en los de Río de Janeiro.

Doña Claudia (inexplicablemente elegida mujer del año) y doña Angélica a lo mejor saben que, al fin, el pasado noviembre las mujeres sauditas pudieron votar y ser votadas a escala municipal. Y les concedieron 20 por ciento de los asientos en el Concejo de la Shura, constituido por 150 personas. No legisla, sólo revisa y asesora en cuestiones legales. El monarca elige a sus integrantes.

Deben saber que Arabia Saudita es una monarquía de las más intolerantes y corruptas del mundo. Con una policía religiosa. Pese a ello, las redes sociales poco a poco expresan la inconformidad existente. Hay movimientos femeninos que buscan la igualdad. Como Mujeres al volante. Pero siguen vigentes las estrictas reglas que las segregan de los hombres en los sitios públicos, donde ocultan su cuerpo con el atuendo del niqab. Un sistema de tutela y vigilancia las obliga a pedir el consentimiento de ellos para trabajar, viajar dentro y fuera del país, casarse o divorciarse, ingresar a los centros de estudio. A una consulta médica o recibir atención quirúrgica deben ir acompañadas del padre, el marido o, en su defecto, otro varón de la familia. Ahora pueden alojarse solas en un hotel, previa identificación oficial que se envía a la estación de policía. Las mujeres que caminen en la calle en compañía de un varón distinto a su marido o un pariente cercano, pueden ser arrestadas bajo sospecha de prostitución, de ofender la moral.

Por esto y más, resulta inexplicable que la secretaria Ruiz Massieu y la esposa de Peña Nieto no le hayan advertido a éste lo inapropiado de conceder la máxima presea nacional a quien encabeza un sistema represor y violador de los derechos humanos fundamentales. Y que recién tuvo condena internacional por ejecutar a 47 opositores. Otras preseas que gozaron de prestigio ahora se conceden a gente sin mérito cívico alguno. Como Alberto Bailleres. También en la cultura y las artes.

Igual es un insulto a la ciudadanía la explicación de las dos instancias federales responsables de cuidar los recursos naturales y el medio ambiente para justificar la destrucción en Cancún de 50 hectáreas de manglar.

El 23 de noviembre pasado nos referimos a este crimen ambiental y criticamos al juez que exigió 21 millones de pesos de garantía a los 113 niños que lograron que la justicia suspendiera las obras del megaproyecto Malecón Tajamar, pues destruiría especies protegidas por las leyes y la muerte de la numerosa fauna que vive en el ecosistema más productivo del planeta, básico para evitar la erosión costera y aminorar los efectos de los huracanes.

Ambas dependencias quieren eludir su complicidad en esta devastación alegando que el permiso para realizar dicho megaproyecto (incluye hasta una iglesia católica) se concedió en 2005 al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, depredador de la naturaleza y origen de fortunas mal habidas. Lo otorgó un pillo de siete suelas. En realidad es un negocio apoyado por las instancias gubernamentales. Y que muestra al mundo cómo en México la corrupción y la impunidad cobijan intereses político-empresariales que destruyen los recursos naturales.