egún un oficio fechado el 19 de enero y dado a conocer ayer, Petróleos Mexicanos despedirá a 10 mil 533 trabajadores y sus plazas serán canceladas en definitiva, a fin de alinear la estructura organizacional y ocupacional con el monto de recursos presupuestarios autorizados a la empresa productiva del Estado para el actual ejercicio.

El recorte comentado no es la única afectación que sufrirán los empleados de Pemex: desde el año pasado, en el contexto de la renegociación de su contrato colectivo de trabajo, se modificó el esquema de pensiones de la empresa al adoptar un régimen de cuentas individuales, y se incrementó la edad de jubilación de 55 a 60 años de edad. A lo anterior se suma un desplome en la inversión de la petrolera mexicana para 2016, así como un incremento de su deuda en casi 30 por ciento.

Es inevitable vincular la difícil circunstancia que enfrenta Pemex tanto con la caída en los precios internacionales del crudo como con la depreciación del peso frente al dólar. Mientras la devaluación de la divisa nacional es un factor nocivo para la economía en su conjunto, en la medida en que encarece insumos y servicios diversos, la dramática caída en las cotizaciones de los hidrocarburos –la mezcla mexicana cerró la semana pasada en 22.77 dólares por barril– reduce sustancialmente el margen de ganancia de la petrolera.

Sin embargo, estos fenómenos coyunturales no alcanzan para explicar la sangría que padece Pemex, la cual se traduce en un número considerable de despidos que ahonda el estrechamiento del mercado laboral en el sector público. Más que una inviabilidad intrínseca de la empresa pública, las dificultades de Pemex son atribuibles a un deliberado abandono que busca favorecer los intereses de compañías privadas del sector, a contrapelo de una reforma energética presentada por el gobierno federal como solución al problema de competitividad y como panacea para fortalecer las antes llamadas paraestatales, transformadas ahora en empresas productivas del Estado.

En efecto, a pesar de que Pemex ya no cuenta con el monopolio en la exploración, explotación y distribución de hidrocarburos, se mantiene el régimen fiscal excepcionalmente lesivo que padece esa empresa y representa un lastre fundamental frente a sus competidoras nacionales y extranjeras. Cabe señalar que durante el tercer trimestre de 2015, el pago de impuestos y derechos representó para Pemex un 232.4 por ciento de su rendimiento de operación.

A la vista de estas cifras, no se explica la pretensión del gobierno federal de que Pemex compita en igualdad de circunstancias con trasnacionales cuyas capacidades financieras y tecnológicas la rebasan ampliamente, y que no padecen un castigo fiscal como el que enfrenta la petrolera mexicana. Da la impresión, en cambio, de que la circunstancia que atraviesa esa compañía no es necesariamente inesperada ni indeseable para los promotores de la política energética actual, sino forma parte de un proyecto de largo aliento por desmantelar lo que queda de público en la industria energética de nuestro país.