Chilpancingo, Gro.

La dirigencia nacional del partido Morena se pronunció en Guerrero por la liberación de Nestora Salgado García, comandanta de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) en Olinalá, presa en el penal de Tepepan en el Distrito Federal.

Vergonzosamente en Guerrero, el gobierno emplea el encarcelamiento de quienes lo incomodan. Guerrero parece ser la entidad de los presos políticos, afirmó Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, dirigente de Morena en la entidad, en conferencia de prensa.

A su vez, la secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, dijo que se llevará a cabo una jornada de lucha para lograr la libertad de Salgado García. El próximo 25 de enero se efectuará una visita colectiva al penal donde se encuentra recluida la comandanta.

También se realizarán actividades en diferentes puntos del estado para pedir su libertad y la de los otros dirigentes de la CRAC-PC Bernardino García, Arturo Campos Herrera, Gonzalo Molina González, Ángel García García, Florentino García Castro, Francisco Ambrosio Abad y Benita Morales Justo, entre otros recluidos en las cárceles.

Instancias internacionales

Además, a lo largo y ancho del país se emprenderá una colecta de firmas con la finalidad de recurrir a instancias internacionales para exigir la libertad de Nestora Salgado.

Polevnsky acusó a los tres niveles de gobierno de estar involucrados por indolencia, ignorancia y complicidad en el encarcelamiento injusto de Nestora Salgado. Hay acuerdos internacionales, así como reformas constitucionales que se ajustan a los derechos humanos y los derechos de los pueblos originarios, los cuales se remontan a 1947.

Insistió en que el caso de Nestora Salgado “es un crimen de los tres niveles, porque la tienen injustamente encarcelada. Por eso Andrés Manuel López Obrador –presidente nacional de Morena– ha manifestado todo su respaldo a los policías comunitarios presos”.

Sandoval Ballesteros demandó al fiscal de Guerrero, Xavier Olea Muñoz, que se desista de las acusaciones contra los miembros del sistema de justicia comunitaria, y se enfoque en la situación de violencia que se vive en nuestro estado, tomando como referente la efectividad de la policía comunitaria.