La Ley General de Víctimas se revisará a partir de febrero, cuando comienza a sesionar el Congreso, para unificar los criterios y los protocolos que permitan realmente atender de manera responsable a los miles de afectados por el embate del crimen organizado y a quienes han sufrido la violación de sus garantías fundamentales por autoridades, adelantó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña.

Precisó que es necesario unificar los fondos estatales de ayuda y asistencia a las víctimas, ya que no todos los congresos estatales han cumplido con la responsabilidad de crearlos, y otros aún carecen de los mecanismos para su aplicación.

La senadora perredista dijo que en la comisión a su cargo se está revisando esa ley, debido a que la atención que las autoridades responsables están brindando a los afectados es lenta y parcial, lo que implica una revictimización contraria al mandato constitucional. Es una situación que debemos corregir lo antes posible.

Expuso que una de las demandas que más formula la gente es que se revise y se actualice esa Ley General de Víctimas, sobre todo en lo referente a la obligación de las autoridades de establecer políticas públicas que garanticen la reparación integral del daño a víctimas directas e indirectas del delito o violaciones a sus derechos humanos.

Por ello, detalló, se analiza legislar para facultar al Congreso de la Unión a crear leyes generales que unifiquen el enfoque, los criterios y los protocolos para realmente atender de manera responsable e irrestricta a todas las víctimas.

“Son cientos de miles de víctimas producto de la violencia desatada por la delincuencia tanto organizada como común, pero además por la llamada guerra contra el narco, iniciada durante el sexenio de Felipe Calderón.”

Respecto del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas, De la Peña señaló que se analiza una modificación para unificar en uno solo todos los fondos estatales. Se trata, insistió, de cambios radicales a la legislación.

El precepto fundamental de la reparación integral del daño no debe tener un enfoque económico exclusivamente, “sino que está directamente interrelacionado con el derecho al acceso a la justicia y a conocer la verdad, lo que implica también a las instituciones encargadas de la procuración y la administración de la justicia.

La revisión y modificación de la Ley General de Víctimas es impostergable; atender el dolor y la angustia que viven y padecen miles de ciudadanos es nuestra obligación, debemos responder con hechos, con leyes buenas.