Concentrar a secuestradores sentenciados por jueces federales en un penal de máxima seguridad implica alejarlos de sus lugares de operación, evitar que tomen el control de centros estatales y que sigan actuando desde prisiones locales, señalaron mandos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

Lo que se inició como una demanda de organizaciones civiles se convirtió en una acción del gobierno federal, en coordinación con las autoridades penitenciarias del país.

El pasado 19 de enero la CNS, que encabeza Renato Sales Heredia, anunció que el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 14 en Durango se convirtió en el lugar de internamiento para los sentenciados por el delito de secuestro, a fin de evitar que esos delincuentes continúen operando y generando inercias nocivas para el resto de la población en reclusión.

Funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional puntualizaron que a petición de autoridades locales podrán ser enviados al Cefereso 14 los secuestradores considerados de alta peligrosidad, una vez que ya estén cumpliendo sentencia definitiva en alguna prisión estatal.

La puesta en marcha de esta medida obedeció a compromisos pactados con grupos de la sociedad civil que durante más de una década habían solicitado acciones que disminuyeran la actividad de los secuestradores. Una de las peticiones más recientes provino de la organización Alto al Secuestro, la cual aseguró tener casos documentados de plagiarios que operan desde las cárceles. Asimismo, en distintas ocasiones propuso al Gobierno del Distrito Federal depurar los penales, para que quienes cometieron delitos menores fueran dejados en libertad y realizaran trabajo comunitario, y sugirió construir penales especiales y específicos para secuestradores, ya que en las cárceles capitalinas hay más de 2 mil procesados y sentenciados por este delito.

Uno de los primeros en poner en marcha la concentración de secuestradores fue el estado de México: en junio de 2014 fueron enviados al penal de Otumba más de mil hombres acusados de este delito, mientras las mujeres fueron trasladadas al centro penitenciario de Santiaguito, en el municipio de Almoloya de Juárez.