Ciudad Juárez, Chih.

Familiares de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) interrogar al coronel Elfego José Luján Ruiz, sentenciado a 33 años de prisión, y a sus cómplices, para que informen dónde quedaron sus parientes secuestrados por militares en diciembre de 2009 en el municipio de Casas Grandes.

María Alvarado, hermana de Nitza Paola, está asilada en Texas con varios familiares por las amenazas de muerte que recibieron tras descubrir y denunciar que integrantes del Ejército mexicano privaron de la libertad a los tres jóvenes. Desean encontrar los cuerpos para sepultarlos.

Expresó que es un avance la sentencia contra Luján Ruiz y los soldados a su cargo por homicidio calificado, tortura e inhumación clandestina de cadáver, cometidos en perjuicio de Jesús Alberto Campos Moreno y Jorge Alejandro Yáñez Molina; pero aún falta justicia, dicen.

Indicó que el 23 de mayo de 2014 se reunió en El Paso, Texas, con funcionarios del área de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, a quienes les pedimos ayudar a que las autoridades obtuvieran la declaración de Luján, pues sabíamos que lo tenían en una prisión en Mazatlán, y la petición fue que dijera dónde quedó mi familia.

Los primos Alvarado laboraban en maquilas de Juárez; el 29 de diciembre de 2009 desaparecieron en el municipio de Nuevo Casas Grandes, cuando visitaban a sus familias. Su vehículo fue llevado a las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación de ese municipio.

El l3 de febrero del 2010, Nitza Paola se comunicó para pedir auxilio, pero se escuchó que la golpeaban mientras denunciaba que estaba en instalaciones militares; desde entonces nada saben de ella.

También, los familiares de Norberto Ramírez Molina, Salvador Ramos Valerio, Joel Chaparro Bujanda, Luis Ángel Orozco Mares, Eduardo y Antonio Orozco Terán, Nicolás Orozco Terán, Jesús Vargas Orozco y Antonio Núñez, jóvenes que salieron el 24 de septiembre pasado del municipio de Balleza al poblado El Vergel para trabajar en la limpia de predios, exigieron a la fiscalía ubicarlos, pues, sin aportar pruebas, la FEG filtró que estarían trabajando en sembradíos de mariguana.