El dictamen en torno a la ley de desaparición forzada debe estar concluido este mes en el Senado, a fin de que se apruebe en el próximo periodo de sesiones, que comienza el primero de febrero, coincidieron integrantes de las comisiones dictaminadoras.

El senador Alejandro Encinas, integrante del grupo parlamentario del PRD, informó que no sólo han tomado en cuenta la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, donde se plantea cárcel hasta de cien años para quien cometa ese delito, sino otras propuestas de ley que están en el Congreso, así como las formuladas por familiares de víctimas, defensores de derechos humanos y de organismos internacionales, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas en materia de desaparición forzada.

Resaltó que hay material para elaborar un buen dictamen que permita crear una ley que responda a ese problema tan grave y generalizado, como aceptó la propia Secretaría de Gobernación. México se ha convertido en una inmensa fosa clandestina, recalcó, e hizo notar que se requiere acelerar la dictaminación de esa ley, además de una actuación más eficaz del Estado.

Encinas agregó que los integrantes de las comisiones dictaminadoras han escuchado a los familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos hace casi año y medio, y a otros que fueron levantados o secuestrados por el crimen organizado.

Sobre el tema, el senador perredista Armando Ríos Piter destacó que hay colapso de las estructuras del Estado mexicano, que han sido penetradas por las bandas del narcotráfico.

Resaltó que a partir de 2007 se han puesto en marcha 27 programas gubernamentales en Guerrero para resolver supuestamente el problema de inseguridad y violencia en el estado, pero sin resultados, ya que se requiere combatir la corrupción, la colusión de autoridades con el narco y la falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno.

A su juicio se requiere la nueva legislación en materia, pero también una actuación integral del Estado para combatir la delincuencia organizada. Asimismo, crear actividades productivas en Guerrero y otras entidades donde el bandas criminales reclutan a jóvenes sin empleo ni oportunidades.

Por separado, la senadora independiente Martha Tagle comentó que la ley debe contener un real y único Registro Nacional de Desaparecidos, así como el diseño de mecanismos que permitan un verdadero procedimiento de búsqueda de víctimas de desaparición forzada.