ugar: Palacio Nacional. Integrantes: 14 miembros invitados por el consejero jurídico de la Presidencia, quienes encabezan la comisión. Tarea: elaborar una iniciativa de ley del sistema de justicia laboral para ser presentada en el periodo legislativo que se inicia en febrero próximo. Mandato formal: responder al compromiso presidencial de llevar a cabo las transformaciones necesarias a este sistema bajo los principios de legalidad, transparencia, rendición de cuentas, imparcialidad, equidad y eficiencia. Intención real: realizar cambios al sistema de justicia laboral sin trastocar el control del Ejecutivo federal y local sobre las juntas de conciliación y arbitraje y el poder de decisión patronal sobre los contratos colectivos de protección patronal. Para lograr blindar estos contratos, se pretende introducir la añeja propuesta patronal de exigir que los sindicatos confiesen los nombres de los trabajadores inconformes cuando quieran cambiar de sindicato o pretendan emplazar a huelga. A estas listas negras les llaman elegantemente requisitos de procedibilidad. El método: el secreto en el proceso de elaboración de la iniciativa. En pocas palabras, el reto es llevar a cabo una reforma que atienda las exigencias nacionales e internacionales de cambio sin afectar la red de intereses que tienen postrada la justicia laboral y la contratación colectiva auténtica en México.

El sistema de justicia laboral mexicano ha sido motivo de crítica desde hace muchos años, pues, a diferencia de otras ramas del derecho que han sido objeto de transformaciones, éste se ha mantenido atado al control corporativo por medio de las juntas de conciliación y arbitraje formalmente tripartitas, esto es, mediante representantes del gobierno, patrones y de las principales centrales obreras. Sin embargo, ha prevalecido en esencia la voluntad del Poder Ejecutivo mediante la Secretaría del Trabajo a escala federal, y de gobernadores y el jefe de Gobierno del Distrito Federal en lo local, especialmente en los asuntos considerados de relevancia colectiva o individual. Por ello prácticamente en todo el mundo no existe ya ese falso tripartismo, que ha sido sustituido por auténticos jueces laborales.

Esta subordinación ha sido el factor fundamental que impide la modernización de la justicia, ya que no existen jueces dotados de un atributo esencial: la imparcialidad. Por otro lado, su falso tripartismo es motivo de costos excesivos y de lentitud en los procesos; tampoco se puede transitar hacia un verdadero sistema de justicia oral, como sucede en materia penal, lo cual sería deseable, porque implicaría tener juzgadores independientes, presentes en todas las audiencias para observar su desahogo de manera continua. Un auténtico procedimiento oral sería la solución para lograr que los jueces resolvieran los juicios en un periodo menor a un año, no en los cuatro y medio que toman las juntas para concluirlos, más ahora que la Suprema Corte ratificó la injusta medida de limitar los salarios caídos a un año, haciendo pagar a los trabajadores el costo de la tardanza. No debemos confundirnos con el reciente invento de juicios orales laborales de factura chihuahuense, que carecen de sustento legal y se han convertido en una simulación más, vinculada a medidas tendientes a criminalizar la defensa laboral.

La revisión del sistema de justicia laboral fue identificada como uno de los principales temas para lograr una justicia cotidiana más cercana a las personas. Se trató de un encargo presidencial que llevó a cabo el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), en colaboración con 17 instituciones, cuyas conclusiones fueron dadas a conocer el 27 de abril de 2015. Para ello se realizaron 15 foros presenciales en 12 entidades de la República.

El CIDE concluyó que era necesario revisar la estructura tripartita de las juntas y su eventual incorporación a los poderes judiciales. Para ello sugiere una instancia de diálogo social en la que deben participar, cuando menos, los tres poderes de los diferentes órganos de gobierno, así como representantes de la academia y de la sociedad civil. Su conclusión coincide con otros diagnósticos, incluyendo el elaborado por la Suprema Corte de Justicia años atrás, al presentar un programa nacional de justicia, contenido en el conocido Libro blanco.

El llamado diálogo social que en lo oscurito se lleva a cabo se acompaña de una consulta nacional, iniciada en diciembre pasado. Es de destacarse que casi nadie la conoce y no atiende la recomendación del CIDE. Por lo que se refiere a los 14 dialogantes convocados en Palacio Nacional, 10 pertenecen al Poder Ejecutivo federal, tres tienen una visión esencialmente empresarial: el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade) y el Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac), y una sola institución académica: el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. No hay representación de la sociedad civil. Ello explica por qué se revocó al CIDE el mandato para encabezar el diálogo: fue demasiado lejos al plantear con veracidad sus conclusiones y subrayar que la justicia laboral debería ser ejercida por auténticos jueces, exigencia que también han planteado la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y múltiples organismos especializados, además de gremios democráticos; todos los estudios de fondo sobre la materia plantean este cambio fundamental. El mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar, lo dijo claro: Todos sabemos que sin independencia el juez es cualquier cosa, menos un juez; será el escribiente de alguien, el mandadero de alguien, pero no un juez.

Sería lamentable que un tema tan importante como la justicia laboral reditara un capítulo más de la simulación que debería combatir de tajo esta reforma.