asi 14 meses después de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, el Estado mexicano enfrenta un nuevo episodio de desaparición forzada de ciudadanos a manos de elementos de las fuerzas públicas: en Tierra Blanca, Veracruz, el pasado 11 de enero, cinco jóvenes fueron levantados por elementos de la policía municipal, sin que hasta el momento se conozca el paradero de las víctimas, por más que se ha detenido ya a siete efectivos de las policías municipales.

Ayer, en reunión con los familiares de los desaparecidos, el titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, expresó un reconocimiento sobre la responsabilidad del Estado en estos hechos, al admitir que los victimarios son agentes de seguridad pública, y aceptó la debilidad estructural de las corporaciones policiales del país, circunstancia que las hace proclives a ser infiltradas por la delincuencia organizada.

Acaso en forma involuntaria, el funcionario federal remarcó el vacío institucional que se ha hecho patente con la operación de organizaciones delictivas desde el interior de las instituciones públicas, así como el proverbial manto de impunidad que abre un margen de maniobra para que éstas recurran a prácticas delictivas en general y a la desaparición forzada en particular.

Ante hechos como los referidos, la postura del gobierno mexicano resulta ambigua y ciertamente preocupante: mientras en el caso de Ayotzinapa se sigue tratando de minimizar el alcance de la práctica de la desaparición forzada, al no fincar acusaciones por este ilícito contra ninguno de los inculpados que se tienen hasta ahora, en el caso de Tierra Blanca se reconoce la persistencia de esa pauta con declaraciones como las comentadas, e incluso se plantea, así ea a nivel retórico, la necesidad de resolver el caso a la brevedad.

Lo cierto es que ambos episodios forman parte de una pauta consistente y sistemática de desapariciones forzadas en el país, que exhibe a un Estado incapaz de cumplir con su función más elemental: garantizar la vida y la integridad de su población. El esclarecimiento de todas y cada una de las desapariciones es una tarea tan dolorosa como obligada y, sin embargo, en lo que va del actual sexenio esa tarea se ha quedado, en el mejor de los casos, en la formulación de declaraciones.

No basta, sin embargo, con reconocer el problema: se necesita esclarecer el destino de los desaparecidos e investigar y, en su caso, imputar a las propias autoridades por los delitos cometidos. La postergación de este esfuerzo acelera la descomposición institucional, ahonda el descrédito de las instituciones formales ante la sociedad y prolonga la impunidad.