El grave problema de la violencia, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en México tiende a adquirir dimensiones de carácter humano, dado el creciente número de víctimas y personas afectadas de manera directa e indirecta, señaló la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).

En entrevista, Helena Solá Martín y Fernando Mariño Menéndez, integrantes de la delegación de la OMCT de visita en México, señalaron que desde el exterior se ve con preocupación la realidad que vive el país, debido a las violaciones de derechos humanos.

Explicaron que su estancia en el país, que comenzó el pasado lunes, tiene como propósito conocer de manera directa el proceso legislativo en el que se prevé discutir y eventualmente aprobar las leyes contra la tortura y desaparición forzada, iniciativas enviadas al Senado en diciembre pasado por el presidente Enrique Peña Nieto.

Durante los cinco días de su visita, la delegación de la OMCT se habrá reunido con legisladores y funcionarios de la Secretaría de Gobernación, de la cancillería y de la Procuraduría General de la República (PGR), así como con representares de la Unión Europea acreditados en México y defensores de derechos humanos. En los próximos días enviarán al gobierno federal una serie de recomendaciones.

Ambos especialistas señalaron que la iniciativa de ley en materia de tortura representa un buen trabajo, pero aún tiene varios puntos peligrosos que deben ser corregidos con la incorporación de estándares internacionales de forma plena y eficaz, con la finalidad de superar la alarmante situación de violaciones a los derechos humanos.

Es necesario dejar atrás la cultura y las prácticas que han utilizado la tortura y el uso indebido de la fuerza en el quehacer cotidiano de los policías y de las autoridades, dijo Helena Solá, coordinadora del Programa para las Américas de la OMCT. La ley no debe tener grietas.

Junto con Fernando Mariño, ex miembro del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas y actual integrante de la OMCT, señaló que en sus encuentros con funcionarios del gobierno federal recibieron el compromiso de incidir para que la ley modifique los puntos que no satisfacen los estándares internacionales, recuperando en buena parte el borrador que se consultó con organismos civiles.

En esos encuentros insistimos en que las organizaciones civiles, nacionales e internacionales, así como las opiniones y propuestas de las víctimas, sean escuchadas por el Legislativo para lograr una legislación adecuada con los estándares internacionales, dijo.

Helena Solá expresó que no debe existir ninguna diferencia entre la definición y la sanción que se da al delito de tortura con la de malos tratos, inhumanos o degradantes, como señala la iniciativa. La experiencia internacional, agrgegó, ha demostrado que la existencia de dos tipos de delito no ayuda a la erradicación de su práctica.

Además, las unidades especializadas encargadas de la investigación deben ser entidades autónomas e independientes, y ctener un órgano de control interno. Jamás se puede permitir que quienes torturen sean también la parte que investigue, destacó.

Fernando Mariño señaló que además de la ley debe existir plena voluntad política de las autoridades para investigar y sancionar delitos de este tipo. La impunidad es también un grave problema que debe atenderse para erradicar estas prácticas y violaciones a los derechos humanos.