Culiacán, Sin.

Diputados locales exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) respetar el fuero constitucional de la diputada Lucero Sánchez López, quien fue trasladada a la ciudad de México para declarar en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), debido a sus supuestos vínculos con el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, ex líder del cártel de Sinaloa.

En tanto, abogados constitucionalistas sostuvieron que la legisladora sinaloense sólo podrá ser procesada por algún delito federal (como la falsificación de su credencial electoral o cualquier posible vínculo con las actividades delictivas del Chapo Guzmán) si la PGR presenta pruebas suficientes y eficaces encaminadas a demostrar su culpabilidad en un juicio de procedencia iniciado en el Congreso de la Unión, a partir del cual los diputados federales primero, y después la legislatura sinaloense, autoricen el desafuero.

En conferencia de prensa, los legisladores Francisco Solano Urías, del Partido Acción Nacional (PAN), y Jesús Enrique Hernández Chávez, del Revolucionario Institucional (PRI), quienes además fungen como presidentes de la mesa directiva y Junta de Coordinación Política del Congreso estatal, respectivamente, señalaron que el gobierno federal debe cumplir cabalmente el estado de derecho, no sólo por tratarse de una diputada, sino porque es una ciudadana.

‘‘En mi carácter de presidente de la mesa directiva me corresponde, entre otras cosas, velar por el cumplimiento y el respeto al fuero constitucional de los diputados del Congreso del estado en esta 61 Legislatura’’, señaló Solano, quien dijo que no han recibido de la PGR ningún planteamiento para desaforar a Lucero Sánchez López y que ante casos de este tipo lo primero es la presunción de inocencia y luego debe investigarse si se incurrió en algún delito, pero sin violar el debido proceso.

Por separado, el coordinador de la bancada panista, Guadalupe Carrrizoza Cháidez, manifestó que a la diputada la condujeron a güevo al aeropuerto y luego a la ciudad de México, en lugar de citarla por las vías normales para que ella acudiera por voluntad propia. Informó que la legisladora estuvo ‘‘incomunicada y ni siquiera se le ha permitido tener contacto con sus abogados’’, quienes permanecen en las instalaciones de la Seido en la ciudad de México.

En tanto, los abogados consultados por La Jornada, Jesús Guerrero Rojas y Óscar Camacho coincidieron en que la Subprocuraduría Especializada en Investigacion de Delincuencia Organizada puede imponer una providencia precautoria o decretar el arraigo de Sánchez mientras se le investiga, sin que por eso la dependencia viole su fuero, ya que se trata de medidas que no prejuzgan sobre la culpabilidad de una persona, sino que van encaminadas a garantizar que el investigado no se evada.

La diputada sinaloense fue trasladada la noche del pasado miércoles de Culiacán, Sinaloa, al Distrito Federal por la Policía Federal, para declarar ante el Ministerio Público en cumplimiento a una orden de localización y presentación.