Cuernavaca, Mor.

La Fiscalía General del Estado (FGE) anunció que exhumará todos los cadáveres que ordenó enterrar ilegalmente en dos fosas clandestinas, a fin de identificarlos y entregarlos a los deudos que los reclamen; de lo contrario, volverán a ser inhumados, pero esta vez en una fosa común con permisos y protocolos, para devolver la dignidad a las víctimas.

Así lo informó ayer Javier Pérez Durón, titular de la FGE, al comparecer por segunda vez ante diputados locales (la primera fue en noviembre pasado) para dar a conocer los avances de la investigación sobre el caso.

La existencia de estas fosas, ubicadas en Tetelcingo, municipio de Cuautla, la dio a conocer la familia de Oliver Navarrete Hernández, de 31 años de edad, quien fue secuestrado el 24 de mayo de 2013 en Cuautla y 10 días después apareció muerto.

Sus parientes reclamaron el cuerpo, pero la FGE lo retuvo con el argumento de obtener pistas para detener a los secuestradores, y el 28 de marzo de 2014 lo enterró en un predio privado que no tiene autorización del ayuntamiento de Cuautla ni de autoridades sanitarias para operar como fosa común.

Para darle sepultura formal, María Concepción Hernández, madre de Oliver, logró que la FGE exhumara el cuerpo el 9 de diciembre de 2014. Para localizarlo tuvieron que desenterrar los demás. En total eran 150, según la familia, pero la fiscalía reconoció únicamente 118, de los cuales dos ya se entregaron.

El fiscal dijo ayer que se investiga a cuatro funcionarios de la FGE por su presunta responsabilidad administrativa y penal por haber participado en la inhumación de esos cuerpos.

Explicó que en la fosa clandestina quedan 116 cadáveres; en 105 casos hay carpetas de investigación pendientes, ocho no tienen y tres serán donados a universidades.

La agencia investigadora encargada de este caso ya tiene 99 de los 105 expedientes; los demás no se han integrado.

Las causas de muerte fueron: 41 por violencia, 26 por enfermedad, 12 por hechos de tránsito, siete por caídas y otros accidentes, cuatro por suicidio y nueve por causas aún no determinadas.

Dijo que hay 61 cadáveres identificados, 13 con registro de huellas dactilares (tenían antecedentes penales), siete por otros medios sencillos y 41 con perfil genético para confronta.

En la primera comparecencia no sabíamos cuántas muestras genéticas teníamos, ahora les puedo decir que son 70 y faltan por obtener 46.

El fiscal aseguró que en esta nueva diligencia de exhumación que realizarán trabajadores de la FGE los acompañarán representantes de las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos. Agregó que los restos de aquellas personas que no sean identificadas o reclamadas se inhumarán en una fosa común donde se construirán gavetas para preservar el respeto a los derechos de quienes han perdido la vida en circunstancias tan lamentables e inciertas.

Ante los legisladores, recalcó que urge saber si estos cuerpos son de personas que están en calidad de desaparecidas y sin son buscadas por sus familiares en Morelos o en el resto del país.