A partir del pasado primero de enero el gobierno federal empezó el proceso para finalizar las relaciones laborales de 15 mil 825 servidores públicos, cuyas plazas se vieron afectadas con la restructuración de la administración pública federal, incluidas las empresas productivas del Estado.

El jefe de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda, Isaac Gamboa Lozano, precisó en entrevista que para la compactación del gasto por servicios personales se tiene un presupuesto de 7 mil 442 millones de pesos, pero para la separación de los servidores públicos afectados por la recomposición de la estructura organizativa del gobierno federal podrían utilizarse 2 mil 135 millones.

Desde el 7 de diciembre de 2015 la unidad a cargo de Gamboa Lozano emitió un oficio donde se definen los lineamientos para la separación de cargos de mando, enlace y operativo de confianza que cuentan con plaza presupuestaria.

Esto es, se proyecta indemnizar por separación de cargos para alinear la nueva estructura organizacional del gobierno federal, derivada de las reformas estructurales, prescindir de los servicios de 7 mil 740 empleados de estructura y 8 mil 85 eventuales.

Compactación de plazas

El proceso empezó en diciembre, con la emisión del oficio número 307-A de la Secretaría de Hacienda y el SSFP/408/974/ 2015, de la Secretará de la Función Pública, mediante el que se instruye a las dependencias y entidades del gobierno federal sobre el proceso para solicitar el presupuesto necesario para la compactación de plazas.

“El tema tiene que ver con la alineación de estructuras organizacionales y ocupacionales derivado de la aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016.

“Entonces, una vez aprobado el presupuesto, se iniciaron los trabajos para determinar cuáles eran las disposiciones que iban a regular la conclusión laboral de los servidores públicos comenzando en 2015, con el objetivo de ir alineando las estructuras para todo el proceso que vamos a realizar en 2016.

¿Qué implica esto? El Presupuesto de Egresos 2016, en su artículo 22, replica la misma norma para cubrir indemnizaciones de servidores públicos derivado de la implementación de reformas, restructuraciones de la administración pública y desincorporación de actividades por eliminación de unidades administrativas. Esto implica que durante 2016 también estaremos normando con disposiciones similares la conclusión de la relación laboral, explicó Gamboa Lozano.

–¿Cuántos empleados serán afectados? –se le preguntó al funcionario.

–La estimación que traemos es una reducción de 15 mil 825 plazas en 2016 para alinear la aprobación que hizo la Cámara de Diputados con la estructura organizacional que se tiene en el ejercicio fiscal 2015. Una vez que tenemos el presupuesto regularizable en servicios personales, la Secretaría de Hacienda presentó, dentro del paquete económico, una reducción de 7 mil 744 millones de pesos. Esta reducción se tiene que ver reflejada en la estructura organizacional de cada dependencia. Esto representa una estimación global de 15 mil 825 plazas, de las cuales la mitad son plazas de estructura y el resto eventuales.

–¿Va a costar 7 mil 742 millones de pesos?

–No, cuando se aprobó el presupuesto se aprobó con una reducción, en comparación con 2015, de 7 mil 742 millones de pesos. Esto quiere decir que tenemos que alinear la plantilla de tal manera que estos recursos sean una reducción real y poder cumplir con la meta.

–¿Ese total no se va a repartir entre los trabajadores?

–No, es el nivel al que tiene que llegar la administración pública. En el comparativo del presupuesto con 2015 se genera una reducción de 7 mil 742 millones en servicios personales, pero estos no son los recursos que se estima pagar a los servidores públicos que incluya este programa.

–¿Tienen calculado cuánto costaría este programa?

–Tenemos una previsión en el Presupuesto de Egresos en el ramo 23, de 2 mil 135 millones para el programa de separación laboral. Durante 2016 estaremos emitiendo disposiciones que regulen el ejercicio fiscal 2016. Deben ir muy similares a las disposiciones anteriores.

–¿Se da fin a la relación laboral y no se les vuelve a contratar en ninguna otra área del gobierno federal?

–Sí pueden ser contratados. Es anticonstitucional impedir que los trabajadores vuelvan a trabajar en la administración pública federal. Como medida regulatoria y con el objetivo de aterrizar la plantilla ocupacional con los recursos aprobados, durante el ejercicio fiscal correspondiente, 2016, no se pueden volver a contratar en la misma dependencia donde fueron liquidados. Es una medida puramente regulatoria, no prohibitiva. Los derechos laborales de los servidores públicos no se ven violentados dado que pueden ser contratados en cualquier otra dependencia. Esta medida regulatoria tiene el objetivo de permitir a las dependencias ir haciendo las economías necesarias para reducir el presupuesto y alinearse con los recursos aprobados.