El gobierno federal entregará este año a estados casi 6 mil millones de pesos para evaluar y certificar a policías, así como para tareas de profesionalización de este personal, en especial para hacer frente al nuevo sistema de justicia penal.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), dependiente de la Secretaría de Gobernación (SG), eligió a 300 municipios –y demarcaciones del todavía Distrito Federal– como beneficiarios del nuevo ‘‘subsidio dirigido a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal (Fortaseg)’’.

Para 2016, según los lineamientos de operación del Fortaseg, un porcentaje deberá ser utilizado para la compra de equipo y telecomunicaciones. Aquí se incluye la instrucción a autoridades locales para instalar una línea para recibir denuncias ciudadanas.

En la lista de 300 beneficiarios sobresalen Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Iztapalapa, Querétaro y Culiacán, con los montos más altos, de entre 71 y 80 millones de pesos cada uno.

Las entidades con mayor número de municipios elegidos para este apoyo federal son Baja California (se incluye en el subsidio a sus cinco municipios); cuatro (de cinco) de Baja California Sur; Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, estado de México, Nuevo León, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.

Para este año igualmente se destaca la necesidad de invertir en restructuración y homologación salarial, así como de indemnizaciones de policías.

La bolsa del Fortaseg es por 5 mil 952 millones de pesos. A ello se agregan los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), también operados por el SNSP, con un monto total de 7 mil millones de pesos. Es decir, el presupuesto federal para esta materia es cercano a los 13 mil millones.

Los casi 13 mil millones de pesos deberán aplicarse en prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana; el desarrollo, profesionalización y certificación policial; las tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial; la implementación del nuevo sistema de justicia penal; el fortalecimiento del sistema penitenciario, y ejecución de medidas para adolescentes.