El gobierno federal elabora una iniciativa de ley para imponer una nueva reforma al sistema de justicia laboral, para la cual conformó una comisión integrada por representantes de las secretarías del Trabajo, Gobernación y Economía; organismos como la Procuraduría Federal del Trabajo (Profedet), y abogados e instancias patronales, informó Arturo Alcalde, experto en temas laborales.

Sin embargo, a dicha comisión no fueron invitados representantes de centrales obreras, incluso ni de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), ni de ninguna otra, planteó el abogado.

Según adelantó, los cambios que se plantean en esta reforma son, por ejemplo, impulsar los juicios en línea, forzar la conciliación entre las partes, establecer esquemas para dificultar que se registren los contratos de protección o sindicatos blancos, entre otros.

En entrevista, Alcalde señaló que esta nueva reforma en materia laboral es la respuesta que quiere dar el gobierno federal a las exigencias que a escala internacional se han hecho a esta administración, para que modifique algunas reglas en la impartición de justicia a los trabajadores; el reclamo que hay para que acabe con los contratos de protección; o la falta de imparcialidad de las juntas de conciliación.

También aseguró que la Presidencia convocó a una reunión para elaborar el proyecto de reforma de ley y se lo encargó a su consejería jurídica, que fue la responsable de integrar la comisión de 14 representante; 10 del gobierno, entre ellos también el Tribunal Federal, la Secretaría de Hacienda y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres); así como tres organismos de corte empresarial, como la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, el Instituto Mexicano de Competitividad, y el Centro de Investigación para el Desarrollo. De la academia sólo se invitó al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Desde el punto de vista del abogado, lo cuestionable es que este proyecto se esté elaborando en secreto, con falta de representación obrera y que se haya hecho a un lado al Centro de Investigación y Docencia Económica, que en un foro plateó que las juntas de conciliación tenían que transformarse y ser autónomas.

Alcalde también sostuvo que dentro de las propuestas planteadas en esta reforma, está el imponer castigos más duros para quienes incurran en faltas en el procedimiento laborales; esquemas para reducir a toda costa el número de juicios y forzar que las demandas se resuelvan a través de conciliaciones. Establecer mecanismos para regulan realmente la participación de trabajadores en las solicitudes de registro de sindicatos y emplazamientos a huelga, para evitar los contratos de protección.

Al respecto, el abogado laboral Héctor Barba dijo que en realidad se trata de cambios cosméticos, no de fondo. Se le está dando un enfoque técnico a esa reforma.

Ambos señalaron que causa sorpresa que no se haya considerado para la elaboración de esta iniciativa a ningún gremio obrero y en cambio, el documento lo esté revisando Tomás Natividad, abogado de la Confederación Patronal de México (Coparmex).

Hicieron ver que sobre el tema de que se lleva a cabo una supuesta consulta nacional, de la cual nadie sabe, porque no se ha difundido y está en Internet, con una sola pregunta, que es: ¿Qué opina usted de la justicia laboral? y con escasas participaciones, porque muy pocos se han enterado de la misma. Consideran que dicha iniciativa se prepara para ser presentada en el próximo periodo de sesiones del Congreso.