En pocos días cumplirá un año de haber sido designado en un cargo que le ha valido las más devastadoras críticas. Por ahora, cabeza visible de la lucha contra la corrupción, el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade, adjudica sus alcances actuales a las insuficiencias legales para enfrentarla y no a la voluntad para combatirla: “tenemos leyes que obedecen a otra época.

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) constituye la obligación para actualizarlas, para que sean más globales con el fin de atacar este flagelo.

Es a esa globalidad a la que atribuye, por otro lado, que sea la justicia española y no la mexicana la que haya iniciado proceso por lavado de dinero contra el ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés.

El lavado de dinero, señala, es un asunto global cuyas autoridades también están globalizadas, porque el manejo del dinero es un asunto de flujos.

Andrade define la importancia del cambio legal para combatir a la corrupción y evitar la impunidad: que no sólo ataque individuos, sino redes, para que puedan sancionarse relaciones indirectas y no sólo directas; tener supuestos penales más apegados a lo que es la corrupción.

Hoy, dice, el esquema de delegación de responsabilidades impide ir más arriba en la sanción a funcionarios.

–En el caso Moreira se pide que la Procuraduría General de la República (PGR) inicie una averiguación.

–Las autoridades mexicanas, con base en la ley, son las que toman las decisiones para efecto de abrir las investigaciones del caso –justifica Andrade.

–¿No sería viable, aunque esté siendo investigado en España, realizar aquí una indagatoria?

–Son las autoridades mexicanas las que van tomando decisiones con base en los elementos que tenga a escala nacional –reitera el secretario sin aludir expresamente a Moreira.

–¿El país no queda muy exhibido de que sea España la que lo procese y aquí no se hizo nada?

–Las reformas en materia de deuda, del SNA y de Transparencia cambian los escenarios que se tenían en la actuación de los servidores públicos. Que intervengan autoridades internacionales forma parte del sistema de ataque común al lavado de dinero, en donde México forma parte de la comunidad internacional.

Al titular de la SFP se le recuerda que también hubo acusaciones contra funcionarios de Coahuila en Estados Unidos, pero en México nada.

Ante la insistencia, Andrade evade cualquier alusión a la actuación de las autoridades mexicanas en el caso, e insiste en referirse en abstracto para enfatizar en las iniciativas presidenciales:

Es la transformacion de los sistemas. Los retos que se tienen para adecuar algunos puntos finos de ley a los requerimientos actuales y a las conductas que se presentan. El reto dentro del SNA es la discusión y adecuación de leyes penales, sobre tipos, casos, conductas, las pruebas y los procesos.

La investigación de la Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto marcó su gestión, a pesar de lo cual su postura es inamovible: todo fue legal.

–¿No se arrepiente de nada?

–No, no hay ningún arrepentimiento, porque (la investigación) está sustentada completamente.

–¿Sigue convencido?

–Convicción absoluta. Está sustentada en el marco legal que rige a la SFP. Con la misma convicción sostengo que en el Congreso habrá que cambiar el marco al conflicto de intereses. Éste se ha convertido en un debate contemporáneo global más agudo de lo que tradicionalmente era. En la sociedad actual, el conflicto de intereses no sólo es la apreciación que tiene el servidor público o el gobernante de si pudiese entrar en conflicto con una persona o una operación, sino cuánto tiempo antes o después de ser funcionario.

Humberto Moreira deberá comparecer el viernesFoto María Luisa Severiano

–Recientemente The New York Times cuestionó que el Presidente le encomendó la investigación de la Casa Blanca a un amigo.

–Según el marco legal vigente, la única institución que puede ver casos de conflicto de intereses es la SFP. No existe ninguna otra que pudiese haber atendido el caso.

–Las críticas y descalificaciones que sobrevinieron no han cambiado su convicción?

–En una sociedad abierta hay visiones diferentes, intereses distintos, gobierno y oposición, y reacciones espontáneas de la sociedad. Es común en el ejercicio público.

–En algún momento el Presidente habló de que la corrupción era un asunto cultural?

Andrade sale a la defensa de lo que quiso decir el mandatario.

–Hay que entender por carácter cultural a la construcción institucional y los incentivos que se generan para inhibirla. Cambiar las instituciones con el SNA es un cambio en la cultura institucional. Cuando se habla de cultura estamos hablando de instituciones.

–Pero lo dijo en el sentido de que somos culturalmente corruptos.

–Estamos hablando de asuntos de carácter institucional. Las instituciones forman parte del ámbito cultural en el que se desenvuelven las sociedades contemporáneas.

–Más allá del caso Moreira, la corrupción se da en todos los partidos, y la sociedad sólo percibe impunidad.

–La percepción de impunidad deriva de las situaciones institucionales actuales. Por eso, promulgar el SNA constituye una plataforma distinta para hacer los cambios que se requieren en la inhibición y disminución de impunidades. El SNA comienza a ser un cambio desde la cultura institucional.

–Uno de los signos de este gobierno era combatir la corrupción, pero la percepción de la gente es que es uno de los gobiernos con un gran problema respecto...

–Es el gobierno que puso la plataforma para cambiar las instituciones que combatan la corrupción; el que apoyó el cambio de la PGR para que sea autónoma del gobierno y que tendrá una fiscalía anticorrupción totalmente independiente; un gobierno que impulsó la transformación de las instituciones de transparencia para que hubiera plena autonomía de su autoridad, y además es un gobierno que apoyó el SNA, incluso con la primera iniciativa que el presidente electo presentó a través del PRI.

–Para un ciudadano común que no le interesan los tecnicismos, ¿eso le es suficiente para decir que se está combatiendo la corrupción?

–La ciudadanía exige castigos inmediatos. Es papel de las autoridades actuales dar las facilidades para que estas situaciones se den. Sin embargo, debemos referir que de las 26 mil quejas que recibe la SFP, únicamente 600 se refieran a corrupción. Además, anualmente hay un promedio de 8 mil funcionarios sancionados.

–Pero ninguno de alto nivel.

–Algunos son de alto nivel. El sistema de delegación de facultades que rige en la administración va asignando responsabilidades directas y, de acuerdo con la ley actual, son las responsabilidades directas las que se castigan. Mucho más en el ámbito penal.

Por ahora, anuncia, hay 100 funcionarios de alto nivel de las tres administraciones federales recientes que son investigados por enriquecimiento ilícito.

–A pesar de los avances que describe, el descrédito gubernamental persiste.

–La agenda de la SFP forma parte del interés que el mundo en general ha mostrado en relación con la corrupción, con la demanda intensa de que se extermine este mal a escala global.