Lejos de los estándares internacionales recomendados, la iniciativa de ley contra la tortura, enviada al Senado por el presidente Enrique Peña Nieto en diciembre pasado, no representa ningún avance ante las graves condiciones que enfrenta el país por ese delito, consideró la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

José Antonio Guevara, director ejecutivo del ese organismo, afirmó que la iniciativa presidencial se envió tarde y mal al Senado, pues no se cumplieron los tiempos que el propio Legislativo se dio para aprobarla, plazo que venció formalmente el pasado 7 de enero.

Tras exponer las conclusiones de un análisis de la iniciativa, el experto en derechos humanos señaló que el texto enviado por Peña Nieto propone regresar facultades de investigación a la Procuraduría General de la República (PGR), abre la posibilidad de otorgar beneficios como la amnistía o el indulto a torturadores, y no investiga la cadena de mando, por lo que es previsible que el carnaval de impunidad continúe en el país.

José Antonio Guevara dijo que incluso para los que no conocen ampliamente el tema, la iniciativa enviada al Senado para su discusión y eventual aprobación resulta una vacilada, pues no representa ningún avance respecto de los estándares internacionales, además de que no reconoce la gravedad del problema.

Con las escasas y restringidas cifras oficiales que existen sobre el tema, aseguró que en el país ni siquiera se investiga ese delito, y mucho menos se castiga.

Citó que datos obtenidos mediante múltiples solicitudes de información revelaron que entre diciembre de 2006 y el mismo mes de 2014, la PGR tiene registradas 4 mil 404 denuncias por tortura, de las cuales en mil 200 están involucrados elementos militares. No obstante este número, sólo se han abierto poco más de mil averiguaciones previas.

Pero lo más grave es que sólo hay 11 consignaciones presentadas ante un juez.

Respecto de las sentencias, Guevara indicó que desde hace varios años el gobierno federal ha informado que hay cinco, pero ni siquiera hay certeza de este número, pues ninguna instancia oficial ha entregado información detallada de esos casos, pese a las reiteradas peticiones de organismos de derechos humanos, nacionales y extranjeros.

Ante esta grave situación, el secretario ejecutivo de la CMDPDH afirmó que su hipótesis es que hay un plan deliberado de las más altos niveles de las autoridades mexicanas para utilizar la tortura como forma de investigación para obtener información o confesiones.

Señaló que una de las condiciones indispensables para disuadir la práctica de la tortura es investigarla y castigarla, además de que las declaraciones obtenidas por esta vía no tengan ningún valor probatorio en una investigación. Ninguna de estas condiciones está presente en la iniciativa presentada por el presidente Peña Nieto, afirmó.

Sin mostrarse optimista, Guevara Bermúdez advirtió que insistirá ante el Senado para revisar la iniciativa. Pero siendo muy honestos, no creemos que las instituciones mexicanas, dada la composición de las mismas, sean capaces y puedan expresar su voluntad de investigar todos estos casos de tortura, dijo.