Joaquín El Chapo Guzmán cuenta con un equipo de al menos 15 abogados trabajando para impedir que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto lo extradite a Estados Unidos, informó este martes José Luis González Meza, uno de sus defensores, quien reconició que mediante la llamada extradición temporal el gobierno mexicano puede acelerar la entrega del capo a las autoridades del vecino país (lo que no ocurriría antes de un año, aun con la aplicación de ese tipo de trámite).

Sin embargo, el abogado aseguró que la extradición temporal viola derechos humanos reconocidos por diversos tratados internacionales y por la Constitución mexicana. ‘‘Se trata de una figura totalmente inconstitucional’’, dijo.

Contra la versión oficial que han difundido funcionarios federales mexicanos, el abogado González Meza aseguró que a él se le ha impedido ingresar al penal del Altiplano, por lo que dijo desconocer la condición física de Guzmán Loera.

Un preso de guerra sería mejor tratado, señala González Meza

‘‘A estas alturas no se sabe si está vivo y en qué condiciones está, si es que está (…) No se está respetando su presunción de inocencia’’, sostuvo el abogado en diversas entrevistas radiofónicas y durante una conferencia de prensa efectuada en el Distrito Federal.

‘‘Se han violado y pisoteado todos sus derechos humanos’’, dijo el litigante, quien agregó que ‘‘un preso de guerra es mejor tratado que él (Guzmán Loera)’’ y que ‘‘tratan mejor a un perro’’ que a su defendido.

Los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron un convenio el 13 de noviembre de 1997 en Washington, el cual fue añadido al tratado de extradición vigente entre ambos países. Se trata de un recurso conocido como extradición temporal, la cual permite que quienes enfrenten cargos en los dos países primero sean juzgados y sentenciados en uno, y luego entregados temporalmente para que se les procese en el otro, a reserva de que una vez que termine el juicio en el país requirente sean devueltos a territorio mexicano para que terminen aquí sus procesos y compurgar sus penas y/o medidas de seguridad.

Funcionarios del Poder Judicial Federal (PJF) entrevistados dijeron que los dos procedimientos jurídicos de extradición que tiene pendientes Guzmán Loera, previos a que se determine si procede su envío a Estados Unidos, tardarán como mínimo seis meses (duración común de esos trámites) antes de que los jueces emitan una ‘‘opinion juridica’’, con la salvedad de que si la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) avala la extradición de El Chapo, sus abogados pueden aún ganar tiempo promoviendo amparos, lo que alargaría hasta un año o más su estancia en suelo nacional.

Comentaron que el procedimiento de extradición se inicia con la petición formal del trámite. Una vez que se realiza la detención de una persona extraditable, el país requirente cuenta con un plazo de 60 días naturales para presentar lo que se conoce como petición formal de extradición. Concluido ese plazo es cuando el juez federal debe emitir una ‘‘opinión jurídica’’ y enviar su determinación a la cancillería mexicana. La determinación de la SRE puede ser peleada mediante el juicio de amparo.

Durante la conferencia de prensa, González Meza presentó a los representantes de los medios de comunicación la copia de un documento firmado por Guzmán Loera donde se le acredita como su abogado.

Agregó que si este miércoles no le permiten el ingreso al penal pedirá al Poder Judicial Federal que destituya al director del Altiplano, por violación a una suspensión obtenida de amparo.