Una delegación de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) inició este lunes una visita de cinco días a México, en la que presentará a legisladores y funcionarios del gobierno federal los ‘‘componentes básicos e indispensables’’ que deberían integrarse en el futuro marco legislativo contra esa práctica.

El organismo, que constituye actualmente la principal coalición internacional de organizaciones no gubernamentales que luchan contra la tortura, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas y cualquier otro trato cruel, inhumano o degradante, señaló que cualquier declaración o prueba obtenida bajo la práctica de la tortura o de malos tratos debe ser totalmente excluida, sin excepción, del proceso judicial, principio que incumple la iniciativa de ley enviada por el presidente Enrique Peña Nieto al Senado el pasado 10 de diciembre.

Durante su estancia, la delegación del organismo con sede en Ginebra, Suiza, se reunirá con miembros del Poder Legislativo y funcionarios de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como de la Procuraduría General de la República (PGR), ante quienes presentará algunas recomendaciones basadas en los estándares internacionales reconocidos en la materia.

Integrantes de esa delegación participaron este lunes en el foro internacional sobre investigación, procesamiento y sanción de la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, organizado por diversos grupos nacionales de la sociedad civil y de derechos humanos.

Durante el encuentro se denunció que la tortura y los tratos crueles e inhumanos son una ‘‘práctica cotidiana’’ en el país, en el que hay un amedrentamiento directo hacia las víctimas cuando hay intención en denunciar los casos, y donde los médicos peritos, encargados de probar científicamente la existencia de la tortura, no tienen independencia para realizar su labor.

Además, regularmente hay una férrea resistencia histórica de las estructuras gubernamentales para investigar y sancionar esas prácticas. Prueba de ello es la enorme impunidad existente, dijo Ernesto López Portillo, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde). ‘‘México es un país de torturados, pero paradójicamente no hay torturadores’’, señaló, tras advertir que las sentencias por este delito prácticamente no existen.

Fernando Mariño, integrante de la delegación de la OMCT, advirtió que si el Estado abandona sus responsabilidades de investigar, perseguir y sancionar estas prácticas, lo que está haciendo es fomentar un ambiente propicio para violaciones de los derechos humanos.

El también ex miembro del Comité de Naciones Unidas contra la Tortura reconoció que a escala internacional también hay un retroceso en materia de combate a la tortura, y que la regulación se ha convertido en un vicio en muchos países, por lo que aclaró que el verdadero objetivo de un gobierno no tiene que ser en leyes, sino aceptar el concepto de tortura y sancionarlo para evitar que se reproduzca.

Con 311 organizaciones distribuidas en todo el mundo, asociadas a la Red SOS-Tortura, y con miles de corresponsales, la OMCT es la red activa más importante de organizaciones no gubernamentales en el campo de la protección y la promoción de los derechos humanos en el orbe.