La constitución para la capital
Abogados la quieren a modo
Organismos con derecho
os cuentan, sin ahondar mucho en el tema, que varias agrupaciones de derecha, perdón, de hombres dedicados al derecho, han iniciado una campaña de presión para ser ellos, los abogados, quienes se encarguen de ponerle letra a la constitución política de la ciudad de México.
No obstante, hasta ahora, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, ha logrado rechazar esa presión con argumentos sólidos que no pueden ser rebatidos por los hombres del derecho, aunque a decir verdad, quienes ejercen esa profesión han logrado conjuntar tantas malas opiniones que su credibilidad anda por los suelos.
Y lo peor, son los jueces quienes más mala fama han logrado. Son ellos los que ponen en las calles a los criminales, a los que roban, a los que trafican, y por eso no deben ser ellos solos quienes tiendan las coordenadas de las reglas de convivencia que se deberán adoptar en esta ciudad.
Eso, no obstante que la seguridad tendrá que ser la prioridad en esa ley general. Son las urgencias de la población y no los intereses de alguna agrupación de abogados la que señale forma y fondo de lo que establezca en esa materia, en la que la prevención deberá ser uno de los puntos de mayor importancia.
Para eso no se requiere que solamente los abogados se reúnan y decidan; ahora más que nunca es importante que desde la ciudadanía se fijen las condiciones que deben normar ese más que importante rubro de la vida en la ciudad de México.
Y no hay que hacernos bolas, diría el clásico. Sí hay quienes desde la postura ciudadana tienen los datos y el pulso de lo que pasa en el DF respecto de la seguridad, y no como cosa de momento. Se trata de hombres y mujeres que desde hace rato conviven con los datos que nos dan las investigaciones sobre los asuntos de seguridad.
Hay organismos, como la Comisión de Derechos Humanos o como el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, que deben tener un asiento reservado para integrar el cuerpo que construya la ley fundamental para la ciudad de México, porque sin ellos cualquier propuesta carecería de sentido dada la importancia que ellos tienen.
Esas serían voces que sí podrían ser representativas de los habitantes del casi fenecido Distrito Federal, y no, por ejemplo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Édgar Elías Azar, quien ha probado con su actuación que la ley la menea para donde mejor le convenga, y así, con esas condiciones, con la duda constante de que el señor ha tendido alguna trampa, no se podría concretar ninguna ley que permita ser mejor a esta capital.
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, debería declinar a su derecho de nombrar a los miembros de la asamblea constituyente que le corresponden y traspasarlo a la sociedad civil, que sí requerirá de las voces ciudadanas para atender los problemas que podrían ser prevenidos con reglas claras. Por eso, una medida así del mandatario capitalino se entendería como una señal de que sí gobierna con la gente.
De pasadita
Ahora resulta que hay quienes sí quieren que el Reglamento de Tránsito se quede como está, entre ellos la organización que comanda para México y América Latina el marido de la subsecretaría Laura Ballesteros. Ya habíamos hablado del conflicto de interés que se ha creado en la Secretaría de Movilidad, cosa que no se ha escuchado entre las autoridades. Pero el asunto va escalando y ahora esa organización, que se dedica a buscar impunidad para los ciclistas, quiere manejar la dependencia, y para ello pretende querer usar a la funcionaria, que al parecer por eso asegura que la dependencia estará abierta a recibir todas las opiniones sobre el reglamento. ¡Aguas!